- Acoso, abuso de poder y silencio institucional en el órgano que debería vigilar la legalidad del gobierno
A menos de un año del inicio del gobierno de Rocío Nahle García, los casos de acoso laboral, abuso de autoridad e impunidad comienzan a manchar la imagen de la primera administración estatal encabezada por una mujer en Veracruz.
Uno de los ejemplos más graves se encuentra en la Contraloría General del Estado, el organismo que, irónicamente, debería garantizar la transparencia y la ética en el servicio público.
Denuncias internas y funcionarios protegidos
Trabajadores de la dependencia, encabezada por el contador público Ramón Santos Navarro, han denunciado un ambiente de hostigamiento, intimidación y favoritismo dentro de la institución.
Los señalamientos apuntan principalmente contra Antonio Paxtian Álvarez, director general de Fiscalización, y Luis Francisco Jiménez López, titular de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, a quienes acusan de ejercer presiones, amenazas y maltrato hacia el personal.
De acuerdo con testimonios obtenidos, Paxtian Álvarez utiliza su cargo para intimidar y amenazar con despidos a quienes se oponen a sus decisiones o no acceden a sus exigencias. Además, los señalan de favorecer a un grupo cercano de colaboradores y de cometer presunto acoso sexual contra trabajadoras de la institución.
“Todo mundo sabe lo que pasa, pero nadie hace nada porque temen represalias”, denunciaron varias empleadas bajo condición de anonimato.
Un órgano vigilante convertido en foco de impunidad
Dentro de la Contraloría —dependencia encargada de promover la legalidad y la transparencia en el gobierno— se vive un ambiente de miedo y silencio. Los trabajadores aseguran que presentar una denuncia formal es “cavar la propia tumba”, pues las quejas no prosperan y las represalias son inmediatas.
A esto se suma el rumor de que Paxtian Álvarez presume ser el próximo sucesor de Santos Navarro, lo que ha incrementado el descontento interno y alimentado la percepción de protección política desde los más altos niveles del gobierno estatal.
La contradicción del discurso oficial
Resulta preocupante que estos comportamientos ocurran bajo un gobierno que se presenta como “defensor de la honestidad y el humanismo”. La falta de acción frente a los abusos dentro de la Contraloría mina la credibilidad no solo de la institución, sino del proyecto político que la respalda.
“Si la Contraloría no puede limpiar su propia casa, ¿cómo va a fiscalizar a las demás dependencias?”, cuestionan trabajadores indignados.
El caso de Antonio Paxtian Álvarez se suma a una lista creciente de abusos, negligencia e impunidad dentro de la administración estatal. La Contraloría, que debería ser ejemplo de integridad, hoy parece ser el reflejo más claro de un sistema que castiga al denunciante y protege al abusador.
Un llamado urgente a la rendición de cuentas
La gobernadora Rocío Nahle y el Contralor General Ramón Santos tienen la responsabilidad de investigar y actuar con transparencia y valentía ante estas denuncias. No se trata solo de sancionar a los responsables, sino de demostrar que el discurso de la honestidad y el humanismo tiene sustancia y no es un eslogan vacío.
De lo contrario, la Contraloría seguirá siendo lo que muchos ya llaman:
“El espejo roto de la honestidad humanista.”
