A más de un mes de que un presunto hackeo vulnerara los sistemas informáticos de la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE), representada por Bárbara Galindo, la dependencia continúa operando en un apagón digital. La falta de red y de líneas telefónicas oficiales ha obligado al personal a recurrir a cuentas de correo electrónico comerciales (Gmail) para mantener las funciones básicas, una medida de emergencia que expone la vulnerabilidad institucional en materia de seguridad de la información.
El colapso de las plataformas tecnológicas coincide con una serie de movimientos de personal y reestructuraciones en áreas clave. Fuentes internas señalan que la parálisis de los sistemas informáticos se ha intentado resolver mediante la remoción de mandos medios, incluyendo la salida de jefes de oficina en el área de tecnologías, sin que hasta el momento se hayan recuperado las bases de datos ni las herramientas de fiscalización digital de las distintas direcciones.
Perfiles bajo la lupa y procesos internos
La crisis operativa ha puesto bajo escrutinio los expedientes del personal que encabeza las distintas unidades. En las direcciones de Recursos Financieros, Recursos Materiales y Recursos Humanos se reportan nombramientos de titulares que firman con grados académicos cuyos certificados y títulos profesionales no constan en las auditorías internas de sus expedientes laborales.
Esta falta de validación de perfiles técnicos se refleja en retrasos administrativos, despidos injustificados y el inicio de procesos disciplinarios carentes de sustento jurídico formal. Asimismo, en el área de Recursos Humanos se documenta el manejo irregular de información confidencial, presuntamente filtrada de manera anticipada entre el personal administrativo.
Desplazamientos en los Órganos Internos de Control
La reestructura administrativa alcanzó a los Órganos Internos de Control (OIC). Jefes de departamento de diversas dependencias han sido removidos de sus cargos bajo la figura de “comisión” hacia las oficinas centrales de la CGE. Personal de la institución señala que estos movimientos carecen de justificación operativa, lo que ha generado señalamientos por la presunta existencia de plazas cobradas sin contraprestación laboral efectiva (aviadores), particularmente en Recursos Materiales.
La titular de la CGE, Bárbara Galindo, mantiene una agenda pública enfocada en actividades de representación -manicura y peinado exprés- mientras las decisiones operativas y los conflictos de personal son delegados a mandos de segundo nivel, como es el caso de su secretario particular Rafael Sánchez Ramos.
Ante los recientes pronunciamientos de la gobernadora Rocío Nahle, que vinculan la atención de las denuncias periodísticas con los procesos de investigación interna del gobierno, queda abierta la interrogante sobre si la actual administración iniciará una auditoría formal a la estructura de la CGE o si se mantendrá la política de contención mediática implementada en crisis anteriores.
El desarrollo del segundo piso de la ‘transformación’ enfrenta aquí su primer vacío de control interno.
