La parálisis de las investigaciones y el recrudecimiento de la violencia tienen en máxima alerta a las brigadas de búsqueda en la zona norte del estado. Madres y familiares de personas desaparecidas denuncian no solo la falta de resultados por parte de las autoridades, sino también un peligroso fenómeno social: la apatía y la normalización de la inseguridad en los municipios de la región.
Maricel Torres Melo, vocera del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, advirtió sobre el deterioro del tejido social frente a la impunidad imperante.
“Siento que nuestra zona norte está muy afectada por la delincuencia, y eso preocupa mucho porque parece que se está normalizando. A la sociedad ya no le causa sorpresa; lo ven como algo cotidiano”, lamentó la activista.
Poza Rica, epicentro de la crisis: más de 50 desaparecidos en 2026
En el centro urbano de Poza Rica, el panorama visual da cuenta de la tragedia: postes, paredes y espacios públicos se han cubierto con decenas de fichas de localización. Datos de la propia Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz revelan que en lo que va del año se contabilizan más de 50 reportes oficiales de personas no localizadas en este perímetro.
La magnitud del problema ha llevado a defensores de derechos humanos a exigir un viraje radical en las políticas públicas y en el modelo de seguridad estatal y federal.
Al respecto, Omar García, representante del Congreso Nacional Indígena en la región del Totonacapan, lanzó un duro cuestionamiento hacia el desempeño institucional ante el acumulado de expedientes de hombres y mujeres de todas las edades.
“Lo que están haciendo es una simulación. Muchas de las instituciones están colapsadas y tratan de ocultar el tema de la desaparición, no solo a nivel local, sino nacional”, aseveró.
La mancha urbana del delito se extiende por la región
La crisis de las desapariciones dejó de ser un problema aislado para convertirse en una epidemia regional. Activistas reportan una incorporación constante de familias procedentes de municipios aledaños como Potrero del Llano, Álamo Temapache y Naranjos Amatlán.
“Desgraciadamente seguimos igual. Con la violencia y las desapariciones se van agregando más y más familias de diversos municipios”, confirmó Torres Melo.
Desconfianza en la Fiscalía impulsa la autobúsqueda
A la ineficacia en las carpetas de investigación se suma un clima de desconfianza generalizada hacia la Fiscalía General del Estado (FGE). Ante el temor de sufrir represalias o quedar atrapados en la burocracia, numerosos ciudadanos deciden no interponer la denuncia formal.
En su lugar, decenas de hogares han optado por costear e implementar sus propios operativos de rastreo en campo. Financiados con sus propios recursos y exponiendo su seguridad, los colectivos continúan la labor que las instituciones han omitido, manteniendo firme el reclamo de justicia y la exigencia de dar con el paradero de sus seres queridos.
