En el municipio de Tuxpan presidido por el alcalde del PAN, Juan Antonio Aguilar Mancha, el crimen organizado ha impuesto toques de queda por la pandemia de COVID-19.
Ello según el informe “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19”, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Federación.
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El informe marca que los gobernadores, al ser autoridad sanitaria, tienen facultades para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias.
No obstante, algunas acciones que éstos han adoptado han rebasado sus facultades y han representado riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos.
En el caso de Tuxpan, dicha acción ocurrió del 26 abril al 2 de mayo, de acuerdo con la información presentada.
De hecho las bandas del crimen organizado aprovecharon la emergencia sanitaria del COVID-19 para imponer medidas restrictivas en municipios de cuatro Estados, imponiendo toques de queda, aislamiento social, cobros de impuesto y amenazas a personal médico durante la pandemia del coronavirus.
En Iguala y Petatlán, ambos municipios de Guerrero, grupos criminales impusieron toques de queda y amenazas a médicos.
En el caso de Iguala, los toques de queda duraron entre el 19 y 25 de abril, mientras que en Petatlán, del 3 al 9 de mayo, con amenazas al personal médico.
En Culiacán, Sinaloa, el Cártel de Sinaloa dictó un toque de queda entre el 12 y 18 de abril, mientras que en Los Mochis, también tierra sinaloense, una banda delictiva impuso un toque de queda entre el 19 y 25 de abril.
Finalmente Santiago Ixcuintla, Nayarit, el Cártel Jalisco Nueva Generación ordenó un cobro de impuestos. En este caso no se especificó la temporalidad de esta acción.
