Debido a que las Asociaciones Público-Privadas (APP´s) están garantizadas con las participaciones federales, en caso de que el Poder Judicial retenga los pagos, se le retendrá al gobierno del estado estos recursos enviados desde la federación.
Cabe recordar que recientemente, el Poder Judicial ingresó al Congreso del Estado un documento donde se pide permiso para replantear el contrato que se tiene con la empresa Desarrolladora CJI SAPI de CV y agregadas, encargada de la construcción de las ciudades judiciales y a la que se le paga mes a mes 17 millones de pesos.
Dicho replanteamiento viene a colación derivado de la quiebra financiera que atraviesa el poder presidido por la magistrada, Inés Cruz Romero, al que le faltaban al menos 500 millones de pesos para terminar el año cumpliendo con sus obligaciones a principios del mes de junio.
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Al respecto, el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco, dijo que este mecanismo “es común” para darle certeza a los bancos que facilitaron los créditos.
“En el caso de que el Poder Judicial no pagará las ciudades judiciales, serían retenidas las participaciones federales al gobierno del Estado.
“Es un mecanismo normal, prácticamente el tema de la deuda pública bancaria está garantizado con las participaciones, es para darle certeza a los inversionistas”, dijo en entrevista.
Lima Franco dijo que dependerá cómo maneje sus recursos el poder judicial pese a su quiebra financiera, pero insistió que esto es un mecanismo normal.
