El investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Arias, cuestionó la efectividad del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz (SEA) ante la quiebra financiera del Poder Judicial.
Cabe recordar que existen acusaciones de magistrados por presunta corrupción al interior del Poder Judicial de Veracruz ante un déficit de 500 millones de pesos y presuntos contratos irregulares de Asociaciones Público-Privadas para la construcción de las Ciudades Judiciales.
“Se tienen que tomar responsabilidades y tomar cartas en el asunto a quienes manejen los recursos”, planteó Arias Hernández en entrevista sobre el tema.
El académico cuestionó el desempeño del engranaje institucional creado en esta materia desde el 2018 por la LXIV Legislatura y durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
El SEA define su labor como “coordinar a los distintos órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos”.
Incluso para este 2021 el Gobierno del Estado le destinó un presupuesto de 18 millones 500 mil pesos para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva.
Al respecto, el investigador señaló que existe un marco legal en materia anticorrupción y la labor de los funcionarios responsables de hacerlo valer.
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“Yo pregunto en dónde está el Sistema Anticorrupción y los funcionarios que sí cobran puntualmente”, cuestionó.
Esto ante las acusaciones emitidas por magistrados por presunta corrupción al interior del Poder Judicial de Veracruz ante un déficit de 500 millones de pesos y las presuntas irregularidades en los contratos de Asociaciones Público Privadas para construir las Ciudades Judiciales.
“Se tienen que tomar responsabilidades y tomar cartas en el asunto a quienes manejen los recursos”, planteó Arias Hernández en entrevista sobre la situación del Poder Judicial.
Cabe señalar que a la fecha funge como presidente de los Comités de Participación Ciudadana, y del Comité Coordinador del SEA, José Aarón Ojeda Jimeno y como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, Carlos Quiroz Sánchez.
Además, en las sesiones participa Pascual Villa Olmos como representante del Consejo de la Judicatura del Estado, quien fue designado por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de la Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz.
La propia magistrada presidenta del TSJE reconoció un déficit de 500 millones de pesos para el segundo semestre de 2021, apuntando que más de la mitad de ese faltante es para gasto de nómina y material operativo.
Ante esta situación solicitó a los magistrados descontarse sus compensaciones entre el 20 y 30 por ciento y a la par se aprobó un Plan de Austeridad.
Después de este requerimiento magistrados empezaron a cuestionar la existencia de contratos irregulares en pasadas administraciones, especialmente en lo que se refiere a la construcción de las Ciudades Judiciales, proponiendo una revisión; sin embargo, la titular del Poder Judicial se negó a abordar el tema en una reunión para explicar la situación del déficit financiero.
“La pregunta central es conocer quiénes son los responsables de controlar que el presupuesto se cumpla si de todas maneras van a gastar en lo que les dé la gana”, planteó el académico y recordó que es el propio Congreso local es la institución encargada de aprobar los presupuestos que se deben de respetar.
“Ya la afectación llega a poderes y servicios públicos imprescindibles como lo es la impartición y administración de justicia; no puede ser que haya este tipo de problemas en el Poder Judicial”, agregó Arias Hernández
En su Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 29 de abril del año en curso, se aprobó por unanimidad, la Política Estatal Anticorrupción de Veracruz (PEAV), la cual está integrada por cuatro Ejes Estratégicos que son “combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad, e Involucrar a la sociedad y el sector privado en el combate a la corrupción”.
