Nuevamente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez “se lavó las manos” en cuanto a la modificación de las leyes en Veracruz para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo.
Dijo que ese tema le corresponde al Congreso del estado y que por tanto ellos son los encargados de atender las recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en este tema.
“Está a nivel Constitucional que no se penalice a la mujer que interrumpa su embarazo, el tema le corresponde al Poder Legislativo, a nosotros el Ejecutivo nos corresponde observar la ley como está, en el sentido que se promulga. Esto se le tiene que plantear al Congreso, y que ellos tomen la decisión”.
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Y negó que se haya criminalizado a la mujer que fue detenida por haber tenido un aborto en un centro comercial de Oluta, ya que Diana “N” “tiene todas las atenciones” del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y que analizan las situaciones externas que vivió antes de estos hechos.
“Está detenida pero con todas las atenciones, no está juzgada y eso no tiene que suceder; la fiscal tiene esa sensibilidad, ya los medios quisieron hacer un poco de ruido en ese tema, no todos”.
Lo anterior luego de que el Consejo social del IVM emitió un comunicado para informar que Diana “N” está vinculada a proceso por el presunto homicidio calificado de su hijo y no por haber sufrido un aborto, como se ha señalado.
