Los decretos presidenciables que eliminaron vedas en 21 cuencas hidrológicas violentan el derecho humanos al agua, señaló el integrante del Centro de Investigación Atmosférica y Ecología, Alejandro Íñigo Salazar Galván.

Dijo que estos decretos son inconstitucionales y por lo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede declararlos como tal.

En entrevista, dijo que los decretos emitidos en junio pasado son ambiguos y no clarifican el uso y explotación que se le puede hacer a las aguas.

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“La ley es ambigua y no nos protege de la privatización del agua, por eso creemos que debe haber claridad en esta ley”.

Por ello, señaló que sí es posible echar atrás los decretos presidenciales, pero que el camino legal es largo, aunque se puede iniciar con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El camino legal es mediante los Congresos locales e incluso presentando un recurso de inconstitucionalidad”.

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