La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se reunió con el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías, para tratar casos como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y otros asuntos relevantes en materia de procuración de justicia.
Ante la negativa previa de la dependencia a entregar información sobre el proceso contra Duarte de Ochoa, legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN) se inconformaron.
Al iniciar el encuentro, el Subprocurador Elías Beltrán justificó la actuación de la PGR en las pesquisas contra el ex gobernador veracruzano y afirmó que el caso no está cerrado.
“La Auditoría Superior en este periodo de 2017 y lo que va de 2018, por temas vinculados a Veracruz, ha presentado 22 denuncias que equivalen aproximadamente a 27 mil millones de pesos. De estas 22 denuncias s se han judicializado dos por parte de la Procuraduría General de la República”, recapituló.
Insistió en que se ha trabajado con seriedad, para judicializar el resto de las averiguaciones en curso.
En cuanto a la condena contra el ex mandatario, de solo nueve años y el decomiso de inmuebles por una cantidad superior a 900 millones de pesos, luego de que se reclasificaran los delitos que se le imputaban, al no poder acreditar delincuencia organizada, recalcó que la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda, incluía acusaciones por lavado de dinero, por un posible desvío de al menos 480 millones de pesos del estado, para comprar parcelas en el estado de Campeche.
Sin embargo, enfatizó, no se encontraron elementos suficientes para sostener la acusación por delincuencia organizada.
Refrendó que las indagatorias continúan, hay órdenes de aprehensión contra otros presuntos involucrados, y se ha solicitado la extradición de otras personas cuyos datos no aclaró.
Hizo notar que de las más de 60 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2016 y 2018, ninguna va directamente contra el ex mandatario, y aun así, la PGR sigue trabajando en las más de 100 carpetas de investigación que están abiertas.
Un elemento que pudo haber afectado las pesquisas, agregó, es que las pruebas presentadas se consideraron ilícitas, en los términos del nuevo sistema de justicia penal, tal y como sucedió en el caso de la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, que fue puesta en libertad.
Cuestionado sobre el tema de la Estafa Maestra, indicó que se han presentado 11 denuncias por 2 mil 738 millones de pesos aproximadamente, de las cuáles, nueve van contra la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), una contra la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), y una más contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Elías Beltrán añadió que en ese asunto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado alrededor de 37 denuncias, por un monto de 30 mil millones de pesos.
Respecto a la falta de efectividad en la atención a esas querellas, aseguró que el problema radica, entre otros factores, a que el órgano fiscalizador no ha presentado elementos con la fortaleza necesaria para configurar delitos y sostener las denuncias.
