La Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública han presentado denuncias por cerca de 7 mil millones de pesos que habrían sido desviados en pasadas administraciones.

De acuerdo con la información de la contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, en su comparecencia ante el Congreso local, dichas observaciones corresponden a los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán; Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, de 2005 a 2018.

“Sólo el 7 por ciento de los 7 mil millones de pesos se está revalorizado para la solventación respectiva”, dijo la funcionaria.

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En cuanto a las sanciones implementadas en este 2020, la contralora mencionó que en el periodo de enero a noviembre de 2020 ha emitido 557 resoluciones, de este total, 183 fueron inhabilitaciones sin sanción económica, 18 sanciones económicas con inhabilitación, una destitución, 96 amonestaciones, 11 apercibimientos y 309 resoluciones fueron absolutorias.

Ello en el marco de sus atribuciones como órgano preventivo, fiscalizador y sancionador de servidores y exservidores públicos del Poder Ejecutivo que hayan cometido omisiones o actos de corrupción en el ejercicio de sus encargos y aplicando los procedimientos disciplinarios administrativos.

Agregó que había 482 expedientes que se venían arrastrando de ejercicios pasados, sin embargo, a partir del mes de marzo de 2019 al mes de septiembre de 2020 se han resuelto 365 expedientes, lo que representa un 83 por ciento.

En otro tema, Santoyo Domínguez añadió que este 2020 se incrementó el cumplimiento de la declaración de situación patrimonial y de interés.

“Durante el periodo enero a noviembre 2020 se han recibido y procesado en el Sistema Declaranet Plus un total de 23 mil 033 declaraciones, de las cuales 7 mil 578 se generaron por inicio de funciones, mil 747 por conclusión de servicio y 13 mil 708 declaraciones de modificación de situación patrimonial”.

De esta manera, el número de declaraciones patrimoniales por parte de los servidores públicos se ha incrementado anualmente de manera significativa: en 2016, 7 mil 969; 2017, 9 mil 122; 2018, 15 mil 025 y 2019, 23 mil 188.

Además, con corte a noviembre del 2020, se reportan 288 análisis de evoluciones de situación patrimonial y de intereses de servidores y exservidores públicos.

En cuanto a la Fiscalización Interna también se han realizado 434 evaluaciones financieras a 17 dependencias y 52 entidades, resultando 216 inconsistencias, de las cuales 70 ya se han sido atendido por los entes y el resto continúan en proceso.

“Por otra parte, en este mismo periodo se validaron 114 evaluaciones Programático-Presupuestales y de Calidad y Consistencia a programas presupuestarios (PP´s) y actividades institucionales (AI´s), de las cuales resultaron 111 recomendaciones siendo atendidas 26 por los Entes”, informó.

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