En el Congreso de Veracruz no solo se dispersa hidrocarburo en el Golfo, también se evapora el debate y la rendición de cuentas. Las bancadas de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) abandonaron la sesión en cuanto el tema dejó de ser cómodo y comenzó a exigir respuestas.
La retirada ocurrió mientras se discutía en tribuna la opacidad del gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle frente a un derrame de hidrocarburo que sigue afectando ecosistemas costeros sin que exista un informe concluyente sobre su origen o alcance total.
El punto de quiebre llegó durante la segunda intervención de la diputada panista Indira Rosales San Román, quien planteó preguntas elementales e incómodas: quién es responsable, cuándo inició el derrame y por qué, a un mes del incidente, la autoridad sigue sin respuestas verificables.
Desde tribuna, la legisladora exhibió la contradicción entre el discurso oficial y los indicios técnicos: imágenes satelitales que ubican la mancha contaminante entre el 11 y el 17 de febrero, con una extensión estimada de 50 kilómetros cuadrados. Datos duros frente a silencios prolongados.
Mientras se pedían explicaciones, la mayoría legislativa optó por vaciar el recinto. En términos políticos, una metáfora precisa: ante el derrame, contención mínima; ante el cuestionamiento, evasión inmediata.
El episodio deja dos saldos visibles. Primero, un daño ambiental aún sin esclarecer ni contener plenamente. Segundo, una práctica institucional que sustituye el debate por la ausencia. En Veracruz, al parecer, la estrategia ante la crisis no es aclarar, sino esperar a que la discusión también se diluya.
