Las desapariciones forzadas y cometidas por particulares se desataron desde 2009 en Veracruz y por esta razón, los familiares de las víctimas enfrentan situaciones en que los implicados pueden ser liberados bajo fianza, bajo las reglas del anterior sistema de justicia penal.
Lo anterior ya que en esas fechas la desaparición no estaba tipificada como un delito y los implicados eran procesados o podrían alcanzar fianza.
Anais Palacios, exintegrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda en Veracruz, explicó que en los casos de “larga data”, bajo el sistema penal anterior, son especialmente complicados.
“Son esta dificultades y vacíos legales que no han podido ser encaminados en su momento por las autoridades, sobre todo para los casos de larga data”.
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Por lo anterior, consideró necesario realizar una convocatoria entre autoridades del Gobierno del Estado y familiares de víctimas, para atender las vinculaciones a proceso de implicados y que paguen por sus crímenes.
La activista se refirió al caso de José Antonio “N”, a quien el Poder Judicial del Estado (PJE) dejó en libertad, aunque es el único implicado de la desaparición de la joven Sandra Jennifer Giraldi, ocurrida en 2012.
Al tomar las instalaciones del Poder Judicial por este motivo, familiares de la víctima y colectivos de búsqueda de desaparecidos, demandaron una urgente interlocución con el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.
Confirmó que la detención de Antonio “N”, taxista implicado en la desaparición de la joven de 22 años, estudiante de la Universidad de Xalapa, puede tratarse de otro vacío en el sistema de justicia veracruzano.
Refirió que, según la información que tienen hasta el momento, un juez de control determinó liberar al implicado bajo fianza, sin dar aviso a los familiares de la víctima o al Ministerio Público Federal, que también lo investiga por el hecho.
Fua la Fiscalía General de la República la instancia que finalmente lo volvió a detener a José Antonio “N” cuando salía del penal de Pacho Viejo, en Coatepec, pero se desconoce su situación jurídica por el momento.
Palacios indicó en entrevista que el sujeto no está acusado presuntamente de desaparición, pues hace nueve años el tipo penal no estaba contemplado en el Código Penal para el Estado de Veracruz, siendo acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) solo por privación de la libertad.
