Ahora es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es la que respalda el presunto fraude cometido por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, con el llamado Sistema Estatal de Videovigilancia, mismo que fue denunciado por la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez.
Al respecto, la ASF auditó 350 millones de pesos federales que el gobierno del panista utilizó para el Programa de Cámaras de Vigilancia en el Estado durante 2018, concluyendo que el 100 por ciento de los recursos están observados por posible daño a la Hacienda Federal, ya que los bienes supuestamente adquiridos “no fueron localizados”.
El órgano fiscalizó la gestión de los recursos transferidos al estado, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas.
El monto observado ascendió a 349.8 millones de pesos relacionado con importes por aclarar, todos de recursos de una partida especial conferidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la entidad.
“El concepto de irregularidad asociado con un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal se vinculó con la adquisición de bienes no localizados durante la verificación física realizada en la auditoría por 349.8 millones de pesos, que significó el 100 por ciento de los recursos observados”.
Lo anterior según datos de la Auditoría de Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1583-2019 del Tercer Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
Cabe destacar que en el documento se comprueba que el gobierno de Yunes Linares generó un presunto daño patrimonial de casi mil 800 millones de pesos en ese ejercicio, el último de su bienio.
