Xalapa.- Los diputados locales podrían resultar con responsabilidad penal en caso de que sigan en su negativa de atacar las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
La asesora legal de la Fundación mexicana para la planeación familiar (Mexfam), Esmeralda Lecxiur Ferreira, señaló que como no hay voluntad para legislar sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y que eso podría generar un juicio político en su contra.
“Estamos hablando de voluntad política, jurídicamente la Legislatura tiene la obligación de acatar las recomendaciones que ha emitido Conavim pero si insisten agotaremos la vía (…) Si una chica se acerca y dice que no le permitieron interrumpir el embarazo podría meter un amparo porque la alerta sigue viva”.
Esto a pesar de que reconoció que la resolución del amparo interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la negativa de los diputados locales a legislar sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) podría durar hasta dos años.
Señaló que, aunque esperan que en breve se realice la asignación de la ponencia de este caso, es posible que su determinación tarde mucho más tiempo.
Recordó que debido al periodo vacacional de verano se retrasó la asignación de ponencia en el caso del amparo promovido ante la Corte.
“Hubo periodo vacacional y estamos en espera que se nos indique a cuál de los ministros de la Suprema Corte le va a corresponder analizar directamente la solicitud que hemos planteado. No tarda tanto tiempo, tiene que ver con el impulso que las partes le estemos dando, en este caso las organizaciones de la sociedad civil, hay muchas organizaciones en todo el país que están apoyando está atracción por todo lo que implica”.
Indicó que en donde puede generarse un mayor retraso es en el análisis y en el determinar, pues podría tardar hasta dos años, aunque dijo que existe interés en abordar el tema de manera pronta.
“Hay un retraso, una vez que se defina ponente se lleva un tiempo y lamentamos hay cierto tiempo que puede ser hasta dos años, pero estamos confiadas en que por el acontecer de las controversias y juicios de amparo este tiempo pueda ser menor”.
