En el capítulo 22, titulado “Decidir la mañanera”, específicamente en la página 194 de “Ni Venganza ni perdón”, Julio Scherer Ibarra introduce un señalamiento que, por su origen y contenido, adquiere dimensión política. El ex consejero jurídico de la Presidencia refiere la publicación de un documento en el que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, suscribió un convenio con la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, para llevar a cabo auditorías relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas.
En términos formales, la fiscalización es una atribución constitucional de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No obstante, el contexto descrito por Scherer coloca el tema en otra perspectiva. Las observaciones detectadas -que, según la referencia, implicarían un probable daño patrimonial por 400 millones de pesos- resultan, cuando menos, llamativas frente a una obra cuyo costo global se contabiliza en miles de millones de dólares. La brecha entre la magnitud presupuestal del proyecto y el monto observado obliga a una interrogante técnica: ¿refleja esa cifra la totalidad de las inconsistencias o sólo una fracción mínima de un universo financiero mucho mayor?
La controversia se intensifica porque las insinuaciones no provienen de un opositor externo, sino de un integrante del primer círculo del poder durante el sexenio pasado. Entre líneas, Scherer sugiere que en la ejecución de la refinería en Paraíso, Tabasco, pudieron registrarse irregularidades de mayor alcance. Acusaciones que en su momento fueron desestimadas por el oficialismo como parte de la confrontación electoral que acompañó la candidatura de Nahle al gobierno de Veracruz.
La diferencia es sustantiva. Cuando los cuestionamientos emergen desde el interior del aparato gubernamental, el debate deja de ser retórica de campaña y se convierte en un asunto de rendición de cuentas. El señalamiento adquiere densidad política y demanda claridad institucional.
Las versiones sobre la eventual intervención de familiares o personas cercanas a Rocío Nahle, en la dinámica contractual, no constituyen resoluciones judiciales ni equivalen a culpabilidad probada. Sin embargo, en un proyecto emblemático que fue presentado como insignia del combate a la corrupción, cualquier indicio de conflicto de interés o manejo discrecional de recursos debe ser esclarecido con rigor documental.
Dos Bocas no fue una obra más: fue el estandarte de la autosuficiencia energética y una pieza central del discurso de transformación. Su costo final, superior a las estimaciones originales, ya había colocado el proyecto bajo la lupa financiera. Las observaciones de la ASF y las revelaciones de Scherer añaden una capa adicional de escrutinio.
La narrativa anticorrupción no se sostiene en consignas, sino en auditorías exhaustivas, transparencia verificable y acceso público a la información contractual. Si las cifras generan suspicacia o si las observaciones parecen desproporcionadas frente al tamaño del gasto, la respuesta no puede ser descalificación política, sino apertura técnica.
En una obra financiada con recursos públicos, la exigencia es elemental: claridad absoluta. Cuando las sombras persisten, la responsabilidad institucional es disiparlas con datos, no con discursos.
