El Gobierno de Javier Duarte quedó evidenciado al generar otra recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el delito de desaparición forzada.
Esto cuando el exmandatario tenía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública a Aturo Bermúdez Zurita, quien a la fecha mantiene un proceso abierto ante la Fiscalía General del Estado por el mismo delito.
Este viernes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Veracruz contra 15 agentes integrantes “Grupo Tajín” de la SSP-Veracruz, y quienes resulten responsables.
Lo anterior por su participación en la desaparición forzada de 8 policías en el municipio de Úrsulo Galván, ocurrida el 11 de enero de 2013, es decir, durante el Gobierno estatal de Javier Duarte y cuando Bermúdez Zurita se encontraba al frente de la dependencia.
Además, presentará una queja de responsabilidad administrativa contra los mismos funcionarios involucrados.
Así lo informó el organismo, presidido por Luis Raúl González Pérez, luego de que dirigió la Recomendación 24VG/2019 al Gobierno de Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García, por violaciones graves a derechos humanos tras la desaparición forzada de los elementos municipales.
Además, la recomendación de la CNDH involucra a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas.
De acuerdo con información difundida este viernes por el organismo, se acreditó que los policías que laboraban en el municipio de Úrsulo Galván fueron víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado, al ser detenidos y privados de su libertad.
Además, a la fecha se desconoce el paradero de los elementos municipales tras ser abordados por el denominado “Grupo Tajín”.
La Recomendación de la CNDH acreditó que desde que ocurrió la desaparición forzada, la SSP-Veracruz no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado “Grupo Tajín”, aunque existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso.
Por esas razones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.
También proporcionarles atención integral, y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada.
Igualmente, la CNDH recomienda también a la SSP Veracruz concluir el Procedimiento Disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017, y consecuentemente, la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades.
