La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que Jorge Winckler Ortiz, exfiscal general estatal del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra Gilberto Aguirre Garza.
En un comunicado publicado la madrugada de este jueves, las autoridades veracruzanas dieron a conocer que un juez de Xalapa, con sede en Pancho Viejo, “ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 115/2025”, la cual se le había impuesto desde el pasado sábado 22 de marzo.
Cabe recordar que ese mismo día, la Policía Ministerial cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Winckler Ortiz, luego de que ganara un amparo, que le habría permitido que fuera liberado, contra la prisión preventiva que se le fijó por el delito de tortura en contra de Francisco Zárate Aviña, exjefe de escoltas de su antecesor duartista, Luis Ángel Bravo Contreras.
En el proceso penal 115/2025, Winckler Ortiz es investigado por presuntamente haber torturado a una víctima identificada como Aguirre Garza, quien fungió como fiscal de Veracruz antes del imputado.
De acuerdo con la recomendación 25/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la FGE torturó a Aguirre Garza para obtener una declaración incriminatoria contra Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal de Veracruz, antecesor de Jorge Winckler, detenido el 17 de junio de 2018 bajo el delito de desaparición forzada.
Aguirre Garza fue detenido el 3 de abril de 2018 por el delito de desaparición forzada bajo la causa penal 80/2018, acusado de ordenar la desaparición de 19 cadáveres durante el gobierno de Javier Duarte.
Luego de su traslado al penal de Pacho Viejo, en aquella fecha, fue presuntamente torturado para obligarlo a declarar en contra de su exjefe Luis Ángel Bravo Contreras.
Según declaraciones de su entonces defensor, el abogado Jorge Reyes Peralta, Aguirre Garza fue torturado durante 10 días con música en volumen alto de Maluma (reggaetón) y de banda regional mexicana.
La medida tenía como finalidad, de acuerdo con el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, firmar documentos apócrifos para inculpar a terceros: al también exfiscal Bravo Contreras y al exgobernador Javier Duarte.
