Xalapa, Ver. – Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias laborales, denunciaron una serie de decisiones administrativas que califican como arbitrarias, opacas y lesivas para la base trabajadora.
Según empleados consultados, el Órgano de Administración Judicial -presidido por Alma Rosa Flores Ceballos- notificó que la nómina podría no cumplirse en tiempo debido a una “disponibilidad presupuestal insuficiente”, señalando a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) como responsable de la tardía ministración de recursos.
Sin embargo, los trabajadores aseguran que esta versión contrasta con los salarios y privilegios que persisten en la alta estructura del Poder Judicial. Integrantes del órgano administrativo perciben sueldos superiores a los 130 mil pesos mensuales, además de prestaciones y bonos adicionales.
Sin embargo, testimonios internos recabados por Palabras Claras describen una realidad contrastante, mientras se advierte la falta de recursos para la nómina, se mantienen sueldos privilegiados en la cúpula administrativa y proliferan plazas de confianza con salarios elevados.
Incertidumbre en la base laboral
Empleados de distintas áreas expresaron que la situación no tiene precedentes. Una actuaria con 14 años de servicio señaló:
“Nunca habíamos visto algo así. En diciembre lo que menos esperas es que te digan que quizá no te paguen a tiempo. Somos muchos los que vivimos al día. Y cuando vemos lo que ganan algunos funcionarios nuevos es ofensivo.”
Un secretario de acuerdos denunció lo que describe como “la brecha del absurdo”:
“Nosotros ganamos entre 14 y 16 mil pesos al mes. Mientras tanto, un magistrado está en más de 130 mil y ciertos puestos de confianza llegan a 30 o 35 mil sin mayor experiencia. La justificación de que ‘no alcanzó’ simplemente no tiene lógica.”
Una empleada de archivo con más de dos décadas en la institución añadió:
“Yo gano menos que muchos choferes y asistentes de confianza. ¿Cómo puede ser que estemos sin certezas de pago mientras arriba hay bonos, choferes, celulares y oficinas remodeladas?”
Incluso áreas tradicionalmente ajenas al conflicto manifestaron inconformidad. Un trabajador técnico de soporte digital afirmó:
“El rumor más fuerte es que el problema no es el dinero, sino quién controla su distribución. Vemos contrataciones y gastos. Lo que no vemos es voluntad de explicar nada.”
Crecimiento presupuestal y opacidad interna
A pesar de que el presupuesto del PJEV es mayor que nunca, los testimonios apuntan a un fenómeno de “doble realidad”: recursos que crecen en el papel, y precariedad que se profundiza en la práctica.
Un abogado auxiliar sintetizó esta preocupación:
“No pedimos privilegios. Pedimos transparencia. Cuando se tiene un presupuesto histórico y aun así se retrasan pagos, la pregunta es obvia: ¿en qué se está usando el dinero?”
Sueldos privilegiados contradicen la versión oficial
Información pública y reportes recientes indican que:
- Los 36 nuevos magistrados del PJEV aprobaron un salario mensual de 135,515 pesos.
- Personal de estructura de confianza -asesores, auxiliares administrativos, choferes, cocineros, comunicólogos, entre otros- ha percibido sueldos de entre 30,000 y 36,000 pesos mensuales, incluso con niveles de estudio de bachillerato.
- En contraste, los trabajadores de base reportan sueldos de 13,000 a 15,000 pesos mensuales.
Este discrepancia alimenta la percepción de inequidad y cuestiona la narrativa oficial de insuficiencia presupuestal.
Un notificador judicial resumió el sentir general:
“La justicia tarda, pero llega, dicen. Lo que no llega es nuestro sueldo. Y eso sí que es injusticia.”
Los testimonios convergen en una conclusión: dentro del Poder Judicial existen dos realidades laborales. Por un lado, quienes cargan expedientes y enfrentan la incertidumbre salarial; por el otro, quienes gozan de salarios altos, privilegios operativos y control del presupuesto.
Mientras la base trabajadora hace cuentas para llegar a la cena de Navidad, en la cúpula -según denuncian los empleados- prevalecen decisiones discrecionales que priorizan gastos de confianza por encima de las necesidades de la plantilla.
