Xalapa, Ver. En el estado son 24 las mujeres del estado que han sido condenadas por haber interrumpido su embarazo. Se trata de mujeres que han sido doblemente lastimadas porque no solo han sido acusadas de aborto, sino también de homicidio calificado.
De acuerdo con Patricia Bedolla, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apruebe el recurso que obligaría al Congreso de Veracruz a modificar su legislación para aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), este avance legal se podría utilizar en favor de las mujeres que se encuentran recluidas por haber abortado.
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Representantes de asociaciones civiles feministas destacaron que, en los últimos 3 años, son 24 las mujeres acusadas de homicidio por haber interrumpido su embarazo, por lo que ésta modificación legal podría impulsar sus liberaciones.
“Va a repercutir de manera positiva porque debemos entender que en materia penal hay un principio general del derecho que toda ley que se aprueba y que puede ser en beneficio del sentenciado, en beneficio de la persona que está purgando una pena y, además, como en este caso, una pena que es a todas luces violatoria de los derechos humanos, puede, de manera retroactiva, otorgársele ese beneficio en materia de derechos humanos para que pueda resolver su situación legal”, dijo Patricia.
Agregó que la sentencia puede romper además el cerco de impunidad que se encuentra y que es como un cáncer en todo el país en materia de la violencia en contra de las mujeres y que se debe combatir.
“Y que se debe combatir con políticas públicas reales y sobre todo con tomadores de decisiones que basen esas decisiones en la ética pública que no es otra cosa hoy que el respeto irrestricto a los derechos humanos”, añadió.
María de la Luz Estrada de Católicas por el Derecho a Decidir, recordó que como parte de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) dentro de la declaratoria de Alerta de Género por Agravio Comparado, se incluyó que el Poder Judicial de Veracruz debía revisar los casos donde se ha criminalizado a las mujeres y hasta ahorita ese informe no se ha otorgado.
