La Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado citó a su audiencia de pruebas y alegatos a la magistrada y expresidenta del Poder Judicial del Estado (PJE), Sofía Martínez Huerta, sin embargo, sólo acudió su defensa.
Lo anterior como parte del proceso intermedio del juicio político que se sigue en contra de la togada.
La secretaria de la Comisión Instructora, Jessica Ramírez Cisneros, recordó que tras la conclusión de la audiencia, la Comisión tendrá 24 horas para recibir la respuesta de la defensa de Martínez Huerta, así como 3 días más para dictaminar.
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En caso de ser aprobado el juicio político, iniciado tras una denuncia en su contra, la magistrada sería retirada del cargo e inhabilitada para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años, “atendiendo a la gravedad de la infracción”.
“Tenemos hasta el día martes para que nosotros entreguemos nuestra parte para contestarle a la Magistrada”, señaló la legisladora morenista.
Cuestionada respecto a qué garantías podría acceder la magistrada, para llevar un proceso apegado a la legalidad, la diputada evadió responder, máxime que la propia Martínez Huerta ha acusado persecución.
“Vuelvo a guardar la parte de la secrecía de la Comisión”.
Cabe recordar que el pasado mes de noviembre un despacho de abogados denunció a Martínez Huerta, acusándola de incurrir en actos arbitrarios y de usurpación de funciones reservadas al pleno del Consejo de la Judicatura.
El despacho “Aguirre & Montoya Abogados” señaló que la única vía legal que permite someter ante la justicia a un magistrado en funciones es el juicio político, puesto que la magistrada intervino en la jurisdicción del juez, José Clemente Zorrilla Rostro, sin la autorización del Consejo.
En caso de que el dictamen de la Comisión sea en sentido positivo se requiere del voto de las dos terceras partes del Congreso para validarlo, es decir, al menos 34 votos o mayoría calificada.
De acuerdo con la Ley de Juicio Político del Estado, la Comisión Permanente Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.
