No hay empresas fantasmas en Veracruz, el gobierno del estado ha actuado y respetado la ley, aseguraron Antonio Gómez Pelegrín, secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz y Ricardo García Guzmán, contralor del estado.
Dijeron que no es su función revisar las escrituras públicas de las empresas, ya que eso le toca a los notarios públicos.
En tanto Daniel Moreno, director de Animal Político quien presentó la segunda parte del trabajo de investigación “Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de pesos, entrega el dinero a empresas fantasmas”, dijo que no están discutiendo si es legal o no, ya que le toca al gobierno de la entidad. “Si fue legal lo que hicieron, les diría preocúpense por sus leyes, porque nosotros lo que hemos probado es que los socios son de mentiras, que las direcciones son de mentiras”.
Subrayó que la información que están presentando es cierta. Indicó que el reportaje plantea que se revisaron 73 contratos del gobierno veracruzano, que fueron entregados por diversas vías a 21 empresas, mismas que tienen socios que no reconocen ser socios, y que están en domicilios fiscales falsos.
Moreno indicó que en la segunda parte de dicho trabajo, lo que hacen es detallar cada una de las empresas, dónde se ubican; el día de mañana presentarán las entrevistas con los supuestos socios.
En entrevista en el estudio de “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, Antonio Gómez Pelegrín, secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, declaró por su parte que están seguros que la autoridad en la entidad ha actuado en términos de ley, ha respetado irrestrictamente la ley.
“Pero de entrada no puedo aceptar por parte del gobierno del estado, que se haya manipulado o que se haya hecho de manera ilegal las cosas”, declaró el funcionario.
Antonio Gómez Pelegrín, señaló que la información usada en el reportaje, fue solicitada al gobierno del estado de Veracruz, con fecha 23 de abril del 2015, y atendida con respuestas el 21 de mayo del mismo año; asimismo se solicitó la información el 25, 28 y 31 de marzo del 2016 y se dio respuesta los días 25 y 26 de abril del año en curso, al haberla requerido, información que se cumplió cabalmente en términos de ley y que incluso se conservan las direcciones.
El funcionario apuntó que cuenta con ocho direcciones vía web, en donde se ha mantenido la información, en la cual se precisó que el gobierno de Veracruz ha actuado apegado a derecho y se puso a disposición (Animal Político) para su verificación, la información requerida.
Subrayó que el reportaje habla de 73 contratos celebrados entre los años 2012 y 2013, con 21 empresas por un importe de 645 millones de pesos, a través de las dependencias; Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Protección Civil y DIF estatal.
“Las características de cada contrato y dependencias son diferentes, sin embargo es importante señalar que en todos los casos sin excepción alguna, las adquisiciones se sujetaron a la autorización de los cobijes de adquisición respectivos, en los cuales participaron también representantes de la iniciativa privada, que estuvieron bajo la sanción de la Contraloría General del Estado”.
Precisó que en todo tiempo, se cumplió con la ley de adquisidores, y de manera especial, estrictamente con el artículo 55 de dicha materia; dijo que están hablando de empresas que en su momento, cumplieron con la norma, y para ello tuvieron que acreditar su constitución legal, ante fedatario público, estar debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como contar con el registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal que se acreditan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros.
Indicó que las 21 empresas cumplieron a cabalidad los puntos; asimismo dijo que en los casos de los contratos señalados, se tienen perfectamente definido el padrón de beneficiarios, y si no se entregó físicamente a los solicitantes, el gobierno del estado tiene la obligación de proteger los datos personales, por lo que no se pueden dar a terceras personas, sin embargo se pusieron a la vista de los solicitantes a través de los medios informáticos.
Subrayó que todos los pagos se hicieron directamente en favor de las empresas por transferencias electrónicas, y a las cuentas que tenían debidamente acreditadas, fiscalizadas todas ellas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a sus facultades, dijo que el pago de las adquisiciones no se pudo manipular a favor de persona alguna, en términos de ley se pagó directamente a los contratantes.
Gómez Pelegrín reiteró que no se ha entregado la realización de beneficiarios a los solicitantes, por la obligación legal que se tienen de proteger los datos personales. Subrayó que todo el tiempo actuaron apegados a la ley.
Por su parte Daniel Moreno, señaló que en su reportaje, no están diciendo que las empresas sean ilegales, “lo que estamos planteando, lo que tendremos que preocuparnos, es que el problema es mucho más complejo porque tiene que ver con procedimientos legales, con leyes de adquisición”.
Dijo que lo que están planteando, es cómo es posible que haya una empresa con un domicilio fiscal falso, y que tenga como socios a personas que dicen, que reconocen no ser socias de la empresa, y que aun así no haya una sola autoridad que lo verifique.
El reportero de Animal Político, Arturo Ángel, uno de los dos autores del reportaje, negó que les hayan puesto a disposición la información antes mencionada, indicó que Protección Civil les respondió que el padrón de beneficiarios de los productos que licitaron es inexistente
Fuente Radio Formula
