Por Juan Pablo Armas/Exclusiva
Mientras en la zona conurbada Veracruz, Medellín, Boca del Río, el consorcio Odebrecht-Agbar sigue operando y saqueando los recursos naturales a través del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A. de C.V., mejor conocido como “Grupo MAS”, el tsunami de la corrupción sigue causando estragos en todo el continente.
En una de esas vueltas sorprendentes del destino, cuando parecía que los Papeles de Panamá, de Odebrecht, de Argentina o de Brasil, no podían dar más sorpresas, diversos periodistas de investigación siguen las sendas del dinero opaco y ahora encuentran antecedentes que señalan a sitios tan diversos como la Libia de Gadafi, el Egipto de Anuar el Sadat o, más recientemente, la Venezuela de Maduro o la Argentina de hoy.
Es la importancia decisiva del dinero fraudulento, del papel que puede jugar todo ese volumen monetario y sus orígenes, en las campañas políticas corrompiendo la expresión de la población y contaminando la propia democracia.
Baste recordar un episodio en Argentina que se convirtió un escándalo nacional cuando un hombre, venezolano-estadounidense, entró al país con una maleta con casi un millón de dólares.
El caso que trascendió a los medios como “el maletinazo”, fue un escándalo mayor debido a que el hombre llegaba a Argentina justo cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba en campaña presidencial.
El hombre, Guido Antonini Wilson, llegó a Buenos Aires en un avión privado contratado por la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA) junto a otras ocho personas entre ellos estaba Claudio Uberti (entonces director Ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales, Victoria Carolina Bereziuk, y Ezequiel Omar Espinosa (presidente en ese entonces de ENARSA, quien contrató el vuelo).
Sorprendentemente, poco después el mismo Antonini Wilson fue recibido en un acto en la Casa Rosada, residencia presidencial de Argentina.
Wilson declararía que el dinero fue enviado por Venezuela con la finalidad de financiar la campaña de la entonces candidata a presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, Alberto Fernández, (hoy presidente) afirmó durante la campaña presidencial que lo llevara a la presidencia que tal versión nunca fue confirmada en la Justicia argentina, y fue más allá, afirmó que el dinero en realidad iba a Uruguay, lugar donde Antonini se encontró con mandatarios venezolanos después de su visita a la Casa Rosada.
Uruguay: el centro del dinero
Los propios papeles de Panamá y otros documentos revisados por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), varios cientos hacen referencia también a pagos irregulares procedentes de Venezuela y Bolivia para políticos españoles y latinoamericanos de signos diversos. Se trata de decenas de documentos en PDF, correos electrónicos y bases de datos. Sobre esa investigación, se puede concluir que diversos políticos y abogados mantuvieron una intensa relación con el famoso despacho de abogados Mossack Fonseca que era el ejecutor de otro bufete uruguayo, más discreto, pero no menos importante: BGL, con filiales por medio mundo, con centenares de empresas offshore y en paraisos fiscales.
Bgl Asesores Legales y Fiscales con sede en Montevideo, sigue manteniendo su actividad, a pesar de aparecer en decenas de casos de corrupción y lavado de dinero investigados en varios paises de Europa, Asia y America. Sus dueños son Marcelo Charkyryan y su socio Washington Fernando Belhot. Los yorugas, impertérritos.
Como muestra, Fernando Belhot, abogado, especializado en crear sociedades opacas y presunto testaferro de diversos políticos de varios países realizó varios movimientos a la Banca Privada d’Andorra (BPA), según la documentación interna de la entidad financiera recopilada y publicada por periódicos españoles. Belhot aparecería como representante, accionista o beneficiario de un mínimo de cuatro sociedades que sirvieron para disponer de varias cuentas en la BPA entre los años 2006 y 2014.
Por su parte, a pesar de que lleva ya años el proceso de investigación de todo estos asuntos, Cahrkiryan ha registrado recientemente en Panamá la empresa Vansley International con socios como Roberto Bosco Varela Clement, Dilia Herrera De Díaz, Gonzalo Fernández, Juan Carlos González Lerena,(la esposa del Sr. Belhot, Gabriela González Lerena, es la hermana de su socio). Fernando Belhot, (su socio en Uruguay) e Icaza, Gonzalezruiz & Alemán (una sociedad en si misma), como agente residente en Panamá. Todo queda, prácticamente, en familia.
Las compañías que habrían servido para tales fines son las mercantiles holandesas Convergence Capital Partners, Natland Financiering, Lions Soul Corporation y Vansley International. A través de ellas, el asesor fiscal habría llegado a gestionar una cantidad aproximada de 156 millones de euros, dinero del que se encargaba Belhot en nombre de sus clientes.
Los políticos implicados habrian recurrido al entramado societario de Belhot para gestionar una parte de los millones de euros obtenidos a través de pagos en negro desde diversos países donde la trama tiene instaladas sociedades opacas.
Entre ellas destacan:
Giovinazzo S.A – sociedad bajo Grupo BGL, que proporciona servicios de casas y agencias de cambio de divisa. Esta sociedad se ha visto relacionada con recientes investigaciones en Argentina en relación a blanqueos de capitales y en Brasil con el caso “Lava Jato”.
En la directiva de esta sociedad se encuentra Pablo Giovinazzo quien ha sido investigado en Argentina, Uruguay y por la policía de Andorra por blanqueo de capitales procedente de evasiones fiscales y sobornos.
Dusbel SA: Esta sociedad fue registrada bajo BGL y administrada por Castagno y Gómez, en Argentina. García Belhot aparece como presidente y apoderado. Esta sociedad ha sido investigada, y su cuenta congelada, en relación al caso Ciccone, en Argentina.
Entre las compañías inscritas a nombre de Daniel Gonzalo García Belhot, (hijo de su primo)se encuentran las siguientes:
▪ Lahore Finance Corporation – activa, bajo la jurisdicción de Panamá, inscrita en la Gaceta Oficial del gobierno de Panamá de 2017 por cuestiones de morosidad de pago. Rige bajo Grupo BGL, según los papeles de Panamá y conectada con Enders Inc, filial de Mossack Fonseca.
▪ Villebay Real Estates Inc. – disuelta, bajo la jurisdicción de Panamá. Rige bajo Grupo BGL, según los papeles de Panamá y conectada con Enders Inc, filial de Mossack Fonseca.
▪ Balmer Holding Assets S.A – activa, bajo la jurisdicción de Panamá, inscrita por Mossack Fonseca, utilizada como medio de transferencia de sobornos dentro del caso de Odebrecht, según los medios. Rige bajo Grupo BGL, según los papeles de Panamá.
▪ Swanson Holdings Corp. – disuelta, bajo la jurisdicción de Panamá, inscrita por Mossack Fonseca.
▪ Edge Global S.A – disuelta, bajo la jurisdicción de Panamá.
▪ Keny Trading Inc. – disuelta, bajo la jurisdicción de Panamá, inscrita en la Gaceta Oficial del gobierno de Panamá de 2017 por cuestiones de morosidad de pago.
▪ Valex International Corp. – disuelta, bajo la jurisdicción de Panamá.
▪ Luanda Holdings Inc. – activa, bajo la jurisdicción de Panamá.
Disfey fue fundada el 23 de noviembre de 2009 y el capital inicial fue apenas de 85 mil pesos. En abril de 2010 fue designado presidente Juan Miguel Mutio Cerdeiras, un conocido testaferro del mundo de las empresas fantasma en Uruguay y el domicilio fijado fue Zabala 1372 oficina 201.
El 8 de setiembre de 2015 quien asumió la presidencia de Disfey SA fue Daniel Gonzalo García Belhot, primo del abogado Fernando Belhot, y la sede de la empresa pasó a la calle Rio Branco 1373 oficina 501. El 13 de setiembre de 2016 se modificó el capital de la empresa y se ingresaron 3 millones de pesos uruguayos, que al cambio de la fecha equivalían a poco más de 100 mil dólares.
El 13 de marzo de 2017 se produjo el cambio patrimonial más significativo, cuando Disfey declaró oficialmente una integración de capital de 600 millones de pesos uruguayos, equivalentes a más de 20,7 millones de dólares. Para ser exactos, 20.725.388 dólares. Pero eso no lo declaró Belhot a los jueces.
Al lado mismo del despacho de Belhot y Charkiryan estaba instalado el despacho Mossack y Fonseca. En la mayor parte de las compañías y sociedades que forman parte de BGL del Sr. Belhot, la agencia y firma Mossack Fonseca fue la que realizó las labores de intermediación.
Los periodistas del Sudeutsche Zeitung obtuvieron una gran cantidad de resultados con este despacho. Quizás uno de los más destacados y menos explicados es el que afectaba a una serie de empresas de las Islas Vírgenes Británicas que eran sociedades pantalla que los gobernantes libios utilizaron para sacar del país ciento cincuenta millones de dólares. Los indicios eran lo bastante serios para la Financial Investigation Agency, las autoridades de investigación financiera de las Islas Vírgenes, emitiese una orden de registro para el despacho de Mossack Fonseca.
Ligado a las empresas en los ‘Papeles de Panamá’ Entre los miles de documentos que desveló el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), varios cientos hacen referencia tambien a pagos irregulares procedentes de Venezuela y Bolivia para políticos españoles y latinoamericanos de signos diversos. Se trata de decenas de documentos en PDF, correos electrónicos y bases de datos. A tenor de esta documentación se puede concluir que diversos políticos y abogados mantuvieron una intensa relación con el polémico despacho de abogados Mossack Fonseca.
Según han podido comprobar algunos medios españoles, el administrador único de Neurona Consulting, la consultora chavista que organizó la estrategia electoral del grupo izquierdista Podemos en varias elecciones tras recibir jugosos contratos del Gobierno de Evo Morales, aparece ligado a dos empresas en los ‘Papeles de Panamá’ que desveló el ICIJ y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.
A pesar de todas esas evidencias, Belhot, Mossack, Charkyrian y Fonseca siguen haciendo lo mismo hasta el día de hoy.
EN VERACRUZ OPERAN EN COMPLETA IMPUNIDAD
Según información publicada por PODER, a través de www.rindecuentas.org, el Grupo MAS, ligado a Odebrecht, sigue explotando las aguas municipales de Medellín, Veracruz y Boca del Río.
Fue en la propia Gaceta Legislativa del Congreso del Estado en donde se reveló el modo en el que operaron para lograr un negocio de treinta años.
Ahora, con nueve mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y dieciséis amparos en contra, los veracruzanos intentan expulsarlos.
Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A. de C.V., mejor conocido como “Grupo MAS”, es un consorcio conformado por las empresas Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V., el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz (SAS) y los municipios de Veracruz y Medellín. Por su parte, el Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V es otro consorcio conformado por las firmas Odebrecht Ambiental, S.A. e InterAgbar de México, S.A. de C.V.
Según se redacta en la Gaceta Legislativa número 97 del Estado de Veracruz, las empresas InterAgbar de México y Odebrecht Ambiental ganaron la Licitación Pública Internacional (LPI) número LPI-SAS-DAF-001/15 el día 09 de junio de 2015. Y para efecto de hacer uso de esa licitación, constituyeron, un día después (10 de junio), el consorcio ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V.
Pero las fechas de la Gaceta Legislativa y el Contrato de Sociedad con el que se constituye la empresa ganadora de la licitación, no coinciden. El acta notarial que consta de la constitución del consorcio Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V. (Grupo MAS) fue firmado el 01 de junio de 2015. Lo anómalo en dicho documento es que una de las empresas firmantes, Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V., no existió sino hasta el 10 de junio de ese mismo año, según su acta constitutiva.
Es decir que sin haber constituido la empresa, el representante de Grupo Ambiental ProVeracruz, Javier Ramón Chuman Rojas (perseguido por la justicia brasileña en 2017), firmaba documentos legales a nombre de la misma, y los alcaldes de los municipios que entregaron su agua, no sólo lo sabían sino que firmaron de conformidad.
Cuando Aguas de Barcelona (Agbar) y la Brasileña Odebrecht, ganaron el título de concesión que les otorgaba la facultad para gestionar el agua de las tres ciudades en el Puerto de Veracruz, responsabilizaron al Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) de los despidos que ellos generaron en julio de 2018. En tanto, en el Congreso continuaron con sus negocios autorizando el aumento tarifario. Los veracruzanos, en tan solo dos años, han sufrido un aumento del 26% en la tarifa regular por consumo.
Lo único que escucharon los más de mil trabajadores, es que una empresa extranjera había comprado los derechos de gestión de agua de su municipio y su puesto de trabajo sería ocupado por alguien ajeno a su sindicato.
Hasta la fecha, el Grupo MAS sigue operando en completa impunidad y es parte de esta red continental de corrupción y saqueo de los recursos naturales.
