Veracruz, Ver., (SPI).- La abogada penalista Ana Katiria Suárez Castro consideró que la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avalar las revisiones policiacas sin necesidad de una orden judicial deja en un estado de vulneración los derechos de los ciudadanos.
Señaló que existen corporaciones policiacas del país que se caracterizan por la escasa preparación que tienen sus elementos para ejercer la profesión, lo cual representa un riesgo si no aplican correctamente el resolutivo del máximo órgano judicial de la nación.
“En un tema de derechos humanos, creo que nos coloca ante una situación altamente vulnerable para todos y todas las ciudadanas, ya que no es desconocido para la ciudadanía en general la poca preparación que tienen muchas instituciones policiacas para el ejercicio de su profesión”, expresó.
Opinó que la resolución que emitieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no representa un retroceso, pero insistió que se corre el riesgo de que se vulneren los derechos de los ciudadanos en el caso de que se ejecuten revisiones policiacas sin la orden de un juez.
“No creo que sea un retroceso como tal, creo que no tenemos las condiciones mínimas para que los primeros investigadores, que son los policías, que tienen contacto primeramente con los delitos, tengan la capacitación para no vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía”, añadió.
Por otra parte, anunció la presentación del libro “En Legítima Defensa”, donde aborda el caso de una joven de 20 años que fue víctima de secuestro, violación y lesiones con arma punzocortante en el año 2013 por parte de dos sujetos, a uno de los cuales mata en legítima defensa, pero se le condena por homicidio calificado.
Detalló que el caso descrito en el libro aborda también la manipulación de pruebas por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Finalmente, resumió que la joven obtuvo su libertad tras pasar tres meses en la cárcel y durar el proceso año y medio después de que se apeló la condena y obtener la absolución que confirmó la legítima defensa lisa y llana.
