Por Antulio Ficachi
Y dicen que en la alta política ya no hay pasiones, sino puras coincidencias administrativas. La presidenta Claudia Sheinbaum salió muy compuesta a jurar sobre los evangelios del Manual del Usuario de la 4T que no existen pactos en lo oscurito con la gobernadora chihuahuense Maru Campos. ¡Jesús milagroso! Nos quieren hacer tragar el cuento de que la detención del ex Fiscal César Jáuregui es mero fruto de la pulcritud procesal, y no un ramalazo geopolítico.
Cuentan que el rollito comenzó nada menos que con un choque en la Sierra Tarahumara donde fallecieron dos gringos que jugaban al Rambo en un supuesto laboratorio de metanfetaminas. Resulta que los muchachos de Washington andaban como Pedro por su casa, sin sello consular ni permiso del patrón. La FGR agarró el hilo y no solo acusó a Jáuregui de “coalición de servidores”, sino del mismísimo delito de ¡traición a la patria!
Pero lo mejor vino en la mañanera. Cuestionada sobre si la señora Campos tendría que poner sus barbas a remojar como superiora jerárquica del detenido, Doña Claudia se lavó las manos con el jabón de la autonomía de la Fiscalía. “La justicia está por encima de la política”, soltó la Mandataria. ¡Ándale, pues! Si le creemos a la estampa, ya nomás falta que la exjefa de Gobierno proponga a la panista para la embajada en la Antártida… por pura empatía climática, desde luego.
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En los pasillos del sector salud andan con el Jesús en la boca. Resulta que el subsecretario Eduardo Clark descubrió el hilo negro: hay “huachicol” de fármacos. Medicinas que llevan grabado en el lomo la leyenda “Propiedad exclusiva del sector salud” terminan en los mostradores de las farmacias privadas y hasta en puestos de lámina a las afueras de los hospitales.
Lo más trágico —y de una crueldad que espanta— es el guion cotidiano: le dicen al enfermo a pie de cama que “no hay medicina”, pero tras un guiño de ojo y una módica suma por fuera, el frasquito aparece como magia. La apuesta de la Cuarta Transformación para remediar semejante carnicería es la “trazabilidad digital”. Esperemos que los códigos QR sean más listos que las mafias de la bata blanca y el bisturí clandestino, porque mientras el sistema digital aprende a hablar, los enfermos siguen empeñando hasta las escrituras.
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Y en el instituto de las Estrellas Electorales, al INE le volvió a dar retortijón. Saltó a la luz que el chofer de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, un tal Jonathan Navarrete que devenga la “modesta” cifra de 45 mil pesos mensuales por mover el volante, despacha también como apoderado legal de una empresa consentida en la proveeduría de materiales electorales. ¡Qué chulada de multifacético nos salió el muchacho!
Como era de esperarse, en la mañanera le pusieron la pelota en la red a la Presidenta, quien le pidió al INE aclarar el entuerto y dejó entrever que a lo mejor la Auditoría Superior de la Federación debería darse una vueltecita para revisar los dineros del pueblo.
En la casa de la democracia el motor no es la fe: es la comisión sobre el contrato.
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Los ejecutivos de finanzas (IMEF) traen cara de funeral. Su lideresa, Gabriela Gutiérrez, salió con números fríos a estrellar la fiesta del bienestar. Reporta que mientras los ingresos públicos crecen a cuentagotas (un raquítico 1.3%), el gasto en pensiones y transferencias sociales se dispara como cohete de fiesta patronal.
Afirman los expertos que para el 2030 las pensiones se van a tragar 40 de cada 100 pesos del presupuesto nacional. Entre menos nacimientos hay y más viejos nos hacemos, la cobija simplemente no alcanza para cubrir tanto proyecto de dudosa rentabilidad social. Con la recientita degradación de HR Ratings, la señal es clara: si el gobierno no le frena al derroche, el “grado de inversión” nos va a quedar tan lejos como la bonanza petrolera.
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Donde se armó la zafarrancho fue en la Atenas Veracruzana. Los muchachitos de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” se cansaron de la simulación y le cerraron la puerta a la avenida Xalapa. ¿El motivo? Un cobro “voluntario” de 2 mil 500 pesos por piocha que pretende asestar el Comité del plantel para la “inscripción”, a pesar del decreto estatal de gratuidad.
Lo pintoresco del caso es que el director de la Normal, Gerardo Gómez Salas, lejos de meter orden, agarró su megáfono y gritó muy orondo: “¡Yo los apoyo, que no paguen!”. ¡Sopas! El muchacho Nicolás Carrillo denunció que haciendo cuentas alegres —1,800 alumnos pagando durante cuatro periodos— andan volando cerca de 18 millones de pesos, sin contar los 6 milloncitos de campamentos y las rentas del auditorio.
¿Las instalaciones? Exactamente igual de abandonadas que cuando eran primiparos. Sin facturas ni cuentas claras, los normalistas ya dijeron que ni a sus prácticas regresan. A ver qué pirueta inventa la Secretaría de Educación para tapar este boquete en la capital.

