Por Antulio Ficachi
Si usted pensaba que las tranzas en México eran artesanales, de esas que se amarran con alambre y compadrazgo de cantina, se equivoca de medio a medio. Aquí la corrupción no camina: vuela en clase ejecutiva, usa corbata de diseñador y deposita en cuentas donde el sol nunca se oculta.
Mire usted lo que pasa en el templo de la democracia, ese Instituto Nacional Electoral (INE) que pasó de ser la Virgen insustituible de la transición a un patio de comadres sacándose las uñas. En el edificio de Viaducto Tlalpan ya abrieron el cajón de los sustos y alistan una demanda penal de cinco estrellas contra la expresidenta Guadalupe Taddei y sus muchachos. Los delitos raspan el Código Penal con una soltura envidiable: enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.
¡Vaya catálogo para quien juraba cuidar las urnas!
Dice la presidenta provisional, Blanca Cruz, que están afinando la redacción, puliendo las comas procesales con diez consejeros metiendo la mano para que el recurso no traiga parches. Claro, no vaya a ser que el borrador termine en el bote de la basura ministerial. El fondo del asunto apesta a lo de siempre: contrataciones a modo y compadrazgos de oro. Aparecieron grabaciones donde un proveedor consentido, José Alfredo Hernández, le susurraba al oído a la excomisionada el reparto de los panecillos en el jugoso contrato de las credenciales de elector.
Ahí entraron en sociedad el consorcio CosmoColor, la filial Icard Solutions y los siempre acomodaticios Talleres Gráficos de México. Para adornar el baile, el consejero Arturo Castillo ya salió a recordar que estos numeritos ameritan prisión preventiva oficiosa.
De momento, en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) velan las armas esperando la orden para congelar las cuentas bancarias de las empresas agraciadas.
¿Y la democracia? Bien, gracias, esperando que el blindaje evite que el cochinero apague las casillas.
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En la bitácora del movimiento de la Cuarta Transformación, la narrativa del desprecio al combate a la corrupción ya suma 15 expedientes estelares guardados en el desván del olvido. En casi ocho años de prédica franciscana y pañuelitos blancos, la impunidad goza de cabal salud y excelente digestión. Ningún pez gordo ha pisado la sombra con sentencia firme.
¿Ejemplos? Sobran. El desfalco multimillonario de Segalmex solo dejó el chivo expiatorio de mandos medios mientras la cúpula sonríe; en Birmex despacharon a seis funcionarios por la compra consolidada de medicamentos y dejaron 13 carpetas juntando telarañas. Y si volteamos a ver las obras faraónicas, la Refinería Dos Bocas acumula más de 35 denuncias contra la exsecretaria Rocío Nahle por un sobrecosto descarado que pasó de 8 mil a más de 20 mil millones de dólares. El Tren Maya arrastra expedientes en la FGR por pagos a sobreprecio sin que la fiscalía pase de la “integración de la carpeta”.
En la lista negra también desfilan el Huachicol Fiscal en Tampico —donde los marinos detenidos rozan el árbol genealógico del exsecretario José Rafael Ojeda Durán— y los desvíos de la exatleta Ana Guevara en la Conade. Voces autorizadas como Jacqueline Peschard y Norma Julieta del Río advierten que el aparato fiscalizador quedó inútil, atrofiado por el poder centralizador.
Aquí no hay cárcel para los amigos, sólo archivo muerto.
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Pues que en Banxico saltaron las chispas. En una decisión partida por la mitad, la Junta de Gobierno apretó el gatillo y bajó la tasa de referencia a 6.25%.
La gobernadora Victoria Rodríguez jaló la cobija junto con Omar Mejía y Gabriel Cuadra para darle el empujón al recorte, apostando a que el proceso desinflacionario sigue su marcha. Pero del otro lado de la mesa, Jonathan Heath y Galia Borja plantaron cara y dijeron que nones, que era mejor dejar las cosas en 6.5%. Argumentan en el palacio de Gante que la holgura económica frenará el golpe a los precios y confían en ajustar la meta de inflación al 3% allá por el 2027.
O sea, paciencia, amables lectores, que el bolsillo todavía tiene que aguantar el tirón.
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Donde la marrana retorció la cola fue en nuestro bendito estado de Veracruz. La secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, destapó la cloaca electoral y puso a nuestra entidad en la cima de la simulación nacional.
Resulta que entre 2014 y 2023, Veracruz fue la mina de oro favorita para los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, beneficiados con 570.4 millones de pesos en contratos para organizar elecciones. Ese dinerito representa nada menos que el 27.2% del gran pastel nacional repartido en 23 estados. Le ganamos de calle a Nuevo León, Hidalgo y Oaxaca.
El truco era una chulada: a través de firmas como Cajas Graf, Seriplast de México y Corporativo ZEG, los hermanitos simulaban competir entre ellos en las licitaciones públicas. Se ponían de acuerdo en quién daba el precio más bajo, amarraban el fallo y ¡sopas!, el billete caía en la misma bolsa familiar.
Ahora el SAT y la UIF rastrean las cuentas porque las empresas huelen a fachada pura: sin empleados, sin capacidad técnica y con transferencias cruzadas.
Como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, este tinglado venía operando desde finales de los noventa. En el puerto y en la capital los contratistas hicieron su agosto con el aval implícito de las autoridades locales.
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En el feudo estatal la opacidad está de moda y a modo. La administración de Rocío Nahle tiene operando en la penumbra un Fideicomiso “fantasma” para modernizar el transporte público, formalizado con BBVA bajo el número F/4155982.
Por esa cañería financiera han desfilado casi mil millones de pesos para comprarle autobuses urbanos a la firma china Yutong Bus, pero en la Plataforma Nacional de Transparencia no existe un sólo papel, contrato o acta que explique el gasto. La Contraloría General del Estado simplemente olvidó registrar el fideicomiso como sujeto obligado.
Las cuentas no le salen ni al calculador más ingenuo: para el sistema Ulúa arrancaron pidiendo 500 millones para 102 camiones, pero al poco tiempo la cifra brinco a 600 millones por 142 unidades, dejando 100 millones volando sin explicación. En el sistema Quetzalli de Coatzacoalcos aventaron otros 500 millones y en Poza Rica planean gastar 210 millones por 40 camiones híbridos —a más de 5 millones por camión, ¡válgame Dios!—.
Para rematar el blindaje, modificaron el Comité Técnico en febrero para dejar solo a los de casa: Sefiplan, Gobierno y Seguridad Pública. Mientras en la CDMX o Jalisco cualquier ciudadano puede ver los contratos con los proveedores asiáticos, aquí en la comarca jarocha el dinero público se maneja con la secrecía de un culto pagano.
Como decía el clásico: entre la comedia del poder y el saqueo del erario, a los veracruzanos nos queda apretar la cartera y sonreír para la foto.
