Por Antulio Ficachi
Aunque uste no lo crea, en el Senado de la República ocurrió un milagro bíblico: el agua y el aceite se mezclaron para pedir sangre. Resulta que hasta el senador veracruzano de camiseta guinda Manuel Huerta se sumó al coro del PRI y el PAN para exigirle a la Fiscalía General de la República (FGR) que deje de hacerse pato y meta acelerador a las carpetas contra la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Al estilo del viejo régimen, Huerta Ladrón de Guevara pidió que no basta con decir que se lo clavaron, sino “que regresen lo robado” en el manejo de contratos del árbitro electoral. Por su parte, Alejandro Moreno recordó que desde el 4 de noviembre denunció cohecho y asociación delictuosa, advirtiendo que la renuncia de Taddei no equivale a carpetazo porque ahí hay más consejeros embarrados.
Por el lado “mocho”, el panista Mauricio Vila puso el dedo en la llaga de la justicia selectiva: mientras a opositores como César Jáuregui o Ernesto Ruffo los mandaron al Altiplano en 48 horas, la extitular del INE ya hasta habría puesto pies en polvorosa rumbo a Estados Unidos sin que la Fiscalía mueva un dedo.
¡Que eficiencia tan cuatrotera!
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Y cuando los políticos se desgarran las vestiduras, la economía nacional nos regaló otro balde de agua helada. Según el Inegi, en septiembre la actividad industrial se desplomó 1.4% mensual, borrando de un plumazo el raquítico avance de los cinco meses anteriores y firmando su peor caída desde octubre de 2024.
El golpe vino por donde más duele: la construcción se hundió 2.0% —arrastrada por la edificación que cayó 3.6%— y las manufacturas retrocedieron 1.7%, con 16 de sus 21 ramas en números rojos. Ni la fabricación de equipo de cómputo, que venía volando gracias a los centros de datos gringos, se salvó del tropiezo (-2.1%), aunque la medalla de plomo se la llevaron los derivados del petróleo y carbón con un descalabro de 9.1%.
Con un miserable crecimiento de 0.1% en el tercer trimestre, los analistas de Monex ya advirtieron que la industria trae las llantas ponchadas para cerrar el año.
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En Veracruz la administración de Rocío Nahle tuvo que salir a dar explicaciones a regañadientes tras ser exhibida por operar en la más absoluta oscuridad. Mediante un desplegado —que curiosamente no salió en canales oficiales—, el gobierno estatal soltó el dato global de que la renovación del transporte público costó mil 210 millones de pesos repartidos en los sistemas Ulúa (500 mdp), Quetzalli (500 mdp) y Totonaco (210 mdp), anunciando de paso que el proyecto Atenas arrancará en Xalapa este 23 de noviembre con 60 camiones y sueldos de más de 25 mil pesos para choferes.
Lo que se les olvidó mencionar en su boletín de relumbrón es por qué la Contraloría General del Estado borró de un plumazo al Fideicomiso de Transporte como sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia, violando la Ley 250.
Mucho discurso de “cero deuda”, pero ni una palabra sobre el costo unitario de los autobuses, los contratos con la firma china Yutong Bus o la nómina real.
En la tierra de la moda, el dinero público viaja en camiones con vidrios polarizados.
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Y ya que andamos por la Atenas Veracruzana, la Coparmex Xalapa, encabezada por Arturo Blanco Hernández, prendió las alarmas rumbo a las elecciones de 2027, donde se disputarán 50 diputaciones locales y 19 federales. Los empresarios exigieron a los diputados federales meter cirugía mayor al INE, pues las reformas de 2024 concentraron todo el poder en la Presidencia del instituto y mataron las decisiones colegiadas.
Para la iniciativa privada, que Taddei haya dejado el cargo no limpia el cochinero; piden expedientes públicos, un comité independiente y vigilancia real antes de que el árbitro vuelva a pitar chueco.
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Pero si de abandono criminal se trata, nada supera el calvario de los jubilados de Pemex en Xalapa. Desde el pasado 1 de octubre, los extrabajadores de la “empresa productiva del Estado” llevan más de un mes sin consultas ni medicinas porque suspendieron el servicio médico subrogado y nadie les dice qué compañía entró al relevo —aunque corre el rumor de una tal Atlantis—.
La crueldad burocrática tiene rostro: Manuel Colín Madrid, de 87 años, y su esposa, de 94, denuncian que pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión están a la deriva. Se especula sobre cuatro consultorios fantasma cuya ubicación nadie conoce y donde, seguro, ni rampas habrá para quienes ya no pueden subir escaleras.
Así paga la patria a quienes le sacaron el petróleo: dejándolos morir en la sala de espera de la indiferencia oficial.
