Antulio Ficachi
En Washington presumen que ya encontraron la manera de hacer sonar la alarma sin necesidad de simulacro. Donald Trump alista el anuncio de que no firmará la prórroga del tratado, activando el taxímetro de diez años para la disolución del acuerdo norteamericano.
La estrategia de la Casa Blanca incluye sentar a México en la mesa bajo presión, exigiendo 50 por ciento de componentes fabricados en Estados Unidos para los autos y un cerrojo contra las mercancías de China.
El negociador Jamieson Greer ya tiene agenda para la tercera ronda el 20 de julio. ¿Y Canadá? Fuera de la foto, espera turno ocupado entre quesos, leche y botellas.
En el gobierno de Sheinbaum repiten que coinciden en los objetivos de empleo y contenido regional, aunque el método de la contraparte signifique pagar aranceles para exportar a la región.
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Por cierto, alguien debería enviar una copia del informe trimestral de Banamex a las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Mientras el discurso oficial transita por otros parámetros, el reporte del segundo trimestre muestra que el Producto Interno Bruto se contrajo 0.6 por ciento en el arranque del año, la inflación proyecta cerrar en 4.3 por ciento y la deuda neta alcanzó el 52.7 por ciento del PIB, generando un costo financiero de 1.5 billones de pesos.
Al mismo tiempo, el indicador de confianza empresarial permanece en la franja del pesimismo con 48.2 puntos. Las variables financieras muestran la peculiaridad de registrar la realidad sin sumarse a los aplausos de las asambleas.
Por supuesto, en la retórica gubernamental siempre queda el recurso de modificar la narrativa y ajustar los otros datos.
El inconveniente radica en que las calificadoras internacionales y los mercados financieros insisten en evaluar los balances del Banco de México en lugar de las consignas de los comités de la 4T.
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En el Puerto de Veracruz bastó una aplicación para descomponer la circulación.
Los operativos contra conductores de Uber y Didi derivaron en bloqueos, filas y negociaciones. La gobernadora Rocío Nahle escurrió el bulto con la “ruta del diálogo” y dejó al secretario Alfonso Reyes Garcés la tarea de apagar el incendio sin recurrir a la fuerza.
La consigna oficial es que hay espacio para la competencia siempre que exista orden, rechazando la aplicación de la fuerza.
En política también existe el tráfico: todos dicen avanzar mientras nadie se mueve.
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Es tal el desgaste y la incompetencia de la administración morenista que en Xalapa surgió una nueva cuadrilla municipal. No tapa baches, no repara fugas ni cambia luminarias. Su especialidad consiste en responder comentarios en redes sociales.
Bastó la difusión de un video con quejas por agua, calles e inseguridad para que una docena de funcionarios convirtiera el horario de oficina en turno de community managers. El directorio del Ayuntamiento permitió identificar a quienes cambiaron el escritorio por el teclado, con una coordinación que rara vez se observa para resolver los problemas de la ciudad.
La discusión no es si la alcaldesa Daniela Griego tiene derecho a ser defendida. La ciudadania se cuestiona si esa defensa debe hacerse con tiempo y recursos públicos.
La ley habla de imparcialidad, eficiencia y buen uso del servicio público. Los hechos muestran que la prioridad es responder críticas antes que atender los reclamos ciudadanos. Paradójicamente, la estrategia de los ‘Griegos’ ha consistido en ningunear a los medios críticos y privilegian la relación con reporteros, portales de boletín “copia y pega” y páginas afines. En ese ecosistema, la línea editorial más cómoda es la genuflexión.
A este paso, en el Ayuntamiento de Xalapa no tardan en crear la Dirección General de Aplausos, con presupuesto, organigrama y horario de oficina… Claro, todo sea “Por el bien de Xalapa”.
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Donde sí hubo función fue en la Casa del Poeta Ramón López Velarde.
A alguien en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México le pareció buena idea convertir el recinto en oficinas, sede administrativa y cabaret. Bastaron unas horas para comprobar que La suave patria todavía provoca más movilización que algunos programas públicos.
La comunidad cultural protestó, Alfonso Suárez del Real apareció para contener daños y Clara Brugada encontró una solución propia del diccionario gubernamental: el cabaret dejó de llamarse cabaret y pasó a ser “café concierto”. En la burocracia Morenista, cambiar el letrero suele considerarse política pública.
El episodio exhibe que el populismo con discurso progresista/transformador termina administrando la cultura con criterios de rentabilidad inmediata y utilidad política-económica -para unos cuantos-, una práctica que durante años atribuyó al modelo neoliberal. Ahí se entiende el porqué tantos festivales, salsodromos y ferias de cuarta.
Ramón López Velarde sobrevivió a revoluciones, gobiernos y censuras. Ahora también tendrá que sobrevivir a las ocurrentes remodelaciones.
No deja de ser una ironía que quienes prometieron transformar la relación del Estado con la cultura hayan terminado descubriendo que los versos también saben hacer resistencia.
