Antulio Ficachi
Desde Washington insisten en que los recursos del crimen organizado sostienen las estructuras de las campañas políticas en México. En Palacio Nacional, sin embargo, prefieren exigir “pruebas, pruebas, pruebas” y estados de cuenta antes de conceder el beneficio de la duda.
La presidenta Claudia Sheinbaum subió el tono y demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentos contundentes que respalden los señalamientos sobre el financiamiento a partidos y la imposición de perfiles dóciles en la escena pública.
Según los registros de la administración federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya seguía la pista de los sospechosos, pero los oficiales de la acera de enfrente optaron por el megáfono antes de coordinar la entrega de información compartida.
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En materia de seguridad interna y robo de combustible, la métrica oficial presume que el éxito de la estrategia no se mide en detenciones ni en el desmantelamiento de tomas clandestinas, sino en el volumen de ventas de Petróleos Mexicanos.
La tesis defendida desde el micrófono matutino sostiene que si los ingresos de la empresa estatal suben, en automático el delito baja.
Peculiar lógica contable aplicada a la seguridad nacional, donde los números del balance financiero intentan disipar el humo de las válvulas ilegales.
¡Son unos genios!
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En comercio, inversiones y aranceles, Donald Trump volvió a apostar por su estrategia favorita: incertidumbre y presión sobre sus socios comerciales.
La Casa Blanca confirmó que el T-MEC no tendrá la renovación automática prevista para dieciséis años. En su lugar, Washington impondrá revisiones anuales con el argumento de corregir desequilibrios estructurales.
La medida rompe la certidumbre que requieren las cadenas de suministro, las inversiones energéticas y el sector agroalimentario de América del Norte. Paradójicamente, quien en 2020 presentó el tratado como el mayor logro económico de su administración hoy lo convierte en un mecanismo de supervisión permanente sobre México y Canadá.
En México, el debate promete caer en los extremos de siempre. Los defensores de la 4T insistirán en que EU necesita más a México. Sus críticos responderán con lugares comunes sobre las remesas. Mientras unos y otros intercambian consignas, la incertidumbre sigue cobrando su factura: inversiones que se frenan, empresas que reconsideran proyectos y empleos que dejan de llegar.
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En el Congreso de Veracruz, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México se pusieron el overol de constructores para edificar una armadura de metal a la medida de la gobernadora Rocío Nahle.
Bajo la narrativa oficial de subsanar lagunas legales y armonizar la normatividad, presentaron una iniciativa de reforma al artículo 15 de la Constitución local que incrementa de forma sustancial los requisitos para convocar a un proceso de revocación de mandato.
La clave de este blindaje reside en el diseño de las matemáticas chapuceras: si bien se mantiene el requisito del diez por ciento de la lista nominal -que equivale a juntar más de 753 mil firmas ciudadanas-, la nueva regla añade una doble condicional que anula la influencia de las grandes zonas metropolitanas.
Los respaldos no podrán centralizarse en urbes como Xalapa o Veracruz, sino que deberán distribuirse en al menos 107 de los 212 municipios de la entidad, alcanzando el tres por ciento del padrón en cada uno de ellos. Un candado geográfico operado por la bancada del tucán para desactivar cualquier amago de consulta popular.
Por cierto, Marcelo Ruiz, el diputado zalamero, no deja de hacer lo que en otro tiempo aplicaba con Fidel Herrera y Javier Duarte.
¡Vaya lacayo!
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Preocupante y grave será si las tijeras de la austeridad presupuestal alcanzan los recursos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), como se viene advirtiendo en diferentes espacios.
Resulta que el plan de la administración estatal contempla eliminar el subsidio anual de cinco mil millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), bajo la promesa de convertir al instituto en un organismo autosustentable.
La alerta ha encendido las alarmas en las organizaciones de jubilados, quienes reviven los fantasmas financieros del periodo de Javier Duarte, época en la que las ventanillas de pago cerraban por falta de liquidez y los préstamos desaparecieron.
La gobernadora Rocío Nahle afirma confiar en que las cuotas de los trabajadores en activo bastarán para cubrir el déficit estructural del sistema de pensiones. El problema es que la credibilidad de la mandataria de Veracruz está prácticamente agotada y, además, esa apuesta desafía abiertamente las leyes de la demografía local. Más que una estrategia viable, parece otro compromiso sustentado en una premisa insostenible, por no decir en otra de sus mentiras.
El derecho al retiro digno pasa a convertirse en un acto de fe.
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Vaya jugada de fantasía en Veracruz. Mientras en redes colocaban a Rocío Nahle en el palco del Azteca para el partido México-Ecuador, la realidad es que la gobernadora aplicó el “quedate en casa” desde la comodidad de El Dorado, en Boca del Río.
Dicen los que saben que los “creadores de contenido” locales ya confunden el periodismo con la edición digital. Menos mal que el VAR de la verificación exhibió el fuera de lugar de quienes confunden un meme con una de ocho columnas.
¡Qué nivel de “periodistas”! Así, no.
