Por Antulio Ficachi
En México anda resonando el eco de una frase de antología lanzada desde una corte de Nueva York: “Nadie gana en esta guerra”. Lo dijo Ismael “El Mayo” Zambada, quien tras décadas de eludir a la justicia finalmente vestirá el clásico uniforme presidiario, pagará condena perpetua y le entregará 15 mil millones de dólares a las arcas del Tío Sam.
A sus 76 años, achacoso, cojeando y disculpándose con sus víctimas, el legendario capo descubrió su vocación de monaguillo pacifista justo cuando el juez Brian Cogan le giraba la llave al candado.
¿A poco no da ternura?
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Pero lo verdaderamente sustancioso no es la tardía reconversión espiritual del “Señor del Sombrero”, sino la dedicatoria con acento tejano que mandó el director de la DEA, Terry Cole: van por los capos… y por los funcionarios corruptos que los cobijaron.
Más de un prócer del régimen -de la administración pasada y de la presente- debió sentir un escalofrío helado recorriéndole la nuca. Y es que si algo domina la agencia estadounidense es la botánica política mexicana: sabe perfectamente que las instituciones no se corrompen solas, necesitan regado y abono oficial.
Habrá que ver a quién le toca la próxima mudanza prioritaria con destino a Brooklyn.
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En la terrenal realidad de Zacatecas, la narrativa oficial del “vamos bien” no se sostiene ni con alfileres. La Coparmex local tuvo que salir a romper el libreto tras un fin de semana sangriento que dejó 10 muertos; entre ellos, cinco empresarios, un exalcalde, un funcionario municipal y hasta un bombero.
Cuando el crimen organizado ejecuta sin miramientos a quienes generan empleo y sostienen la frágil economía local, la respuesta gubernamental suele refugiarse en el gastado guion de “llegaremos a las últimas consecuencias”.
La pregunta de los zacatecanos ya no es cuándo se pacificarán las calles, sino si quedará algún ente productivo en pie antes de que el estado termine convertido en un erial.
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Y en el Veracruz de moda y de la “prosperidad ilustrada”, la cosa está que arde… y no por el clima tropical. El campo cítrico de Martínez de la Torre enfrenta una pesadilla de dimensiones bíblicas.
Entre la plaga del “dragón amarillo” -que trae el precio de la naranja por las nubes-, el desplome del limón persa a tres miserables pesos el kilo y lo pazguato del secretario de Agricultura, Rodrigo Calderón, la economía regional opera con respirador artificial.
El cierre definitivo de una sola procesadora dejó a 2 mil familias en la calle. Y aunque la crisis clama por la intervención urgente de la gobernadora Rocío Nahle, la prioridad estatal parece inclinarse más hacia la agenda de festivales y obras -de esas que rinden más que un préstamo bancario- que a rescatar al agro.
Un desastre social en puerta que a los burócratas del sector les produce un soberano bostezo.
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Para rematar el cuadro veracruzano, los dirigentes transportistas traen la espada desenvainada contra el Palacio del Mármol. Asfixiados por tarifas fosilizadas, burocracia que tarda dos años en entregar placas y la cerrazón absoluta para discutir la cancha pareja frente a Uber y Didi, los concesionarios amenazan con boicotear el reordenamiento vehicular programado para 2027.
Si la agenda de la señora Nahle sigue sin espacio para los taxistas, el ultimátum es claro: o se sienta a la mesa a poner orden en casa, o el reordenamiento nacerá más muerto que un huerto devastado por el dragón amarillo.
Al final, entre capos arrepentidos en Brooklyn, violencia desbocada en Zacatecas, cítricos podridos y camiones en huelga en Veracruz, queda al descubierto la gran falla de origen: en la gestión de los morenistas, el único dragón al que nadie atina a controlar es el de la implacable realidad.
