Por Antulio Ficachi

El Estado benefactor no se ausenta: se repliega hacia el calendario de la limosna selectiva. Claudia Sheinbaum ha decretado el cese temporal del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” hasta enero de 2027, bajo el argumento de que los cupos están cubiertos.

Aquí resurge aquello de que, para que un don sea auténtico, debe suspender toda economía de intercambio y olvidar al sujeto que lo otorga. Sin embargo, en la gramática de la autollamada Cuarta Transformación, el beneficio social no es un derecho incondicional, sino un cheque a fecha vencida que se congela cuando los números del presupuesto se acaban.

“Ya no va a haber de aquí a diciembre, ya hay suficientes jóvenes”, sentenció la mandataria con una frialdad que confunde la contención presupuestal con la justicia social.

No hay cancelación formal, se nos dice; hay un purgatorio administrativo donde la juventud mexicana queda suspendida entre la estadística oficial y la espera perpetua. 

El padrón se congela, pero la precariedad juvenil sigue su curso sin previo aviso.

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El expresidente Andrés Manuel López Obrador desempolva su prosa de trinchera en su nuevo libro Pueblo, donde arremete contra las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense en contra del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Para el tabasqueño, los expedientes son “pruebas hechizas” y un recurso de “politiquería” electoral. El fantasma del imperialismo recorre las páginas del volumen como un convite de brujas. No obstante, Sheinbaum se enreda en su propia contradicción: exige a Washington la presentación de pruebas bajo la premisa de que en México no hay impunidad, pero al mismo tiempo se descalifica de antemano cualquier investigación extranjera tildándola de injerencista.

En el mismo pulso de agravios, la cancelación de la visa al hijo del tabasqueño, con la presunta anuencia de Marco Rubio, es bautizada como un acto canallesco destinado a hacerle el caldo gordo a la derecha nacional. El exmandatario invoca la soberanía nacional como un tótem sagrado frente a un embajador estadounidense —Ronald Johnson— al que acusa de actuar más como un policía excitado que como un diplomático tradicional.

La política exterior se convierte así en un sainete de agravios morales, donde las instituciones de ambos lados de la frontera compiten por ver quién ejerce con mayor destreza el arte del chantaje geopolítico.

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En el tablero doméstico de Morena, las fichas se mueven con la elegancia de un ajedrez de navajas. Ante la inconformidad por la candidatura a la gubernatura de Chihuahua —donde la senadora Andrea Chávez obtuvo el segundo lugar en las encuestas—, la dirigencia nacional le otorga un premio de consolación con sabor a encomienda: la coordinación municipal en Ciudad Juárez.

Chávez cruzará el umbral de la precampaña anticipada a partir del 19 de diciembre, escudada bajo el eufemismo legal de coordinadora municipal de la defensa de la transformación. La simulación democrática se perfecciona: se recorren los domicilios de los votantes cinco meses antes de la arrancada formal, no para hacer proselitismo partidista, sino para saldar supuestas deudas con Juárez.

En su discurso, Chávez apela a la unidad mientras desliza su desacuerdo con el estilo de Cruz Pérez Cuéllar: “Si la política es justa o injusta, sólo el tiempo y el pueblo lo dirán”. La liturgia interna del partido en el poder demuestra que la disciplina no elimina las ambiciones; simplemente las desplaza hacia trincheras municipales donde la lealtad se mide por la capacidad de administrar el descontento sin romper la vajilla.

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En el suelo veracruzano, donde el optimismo oficial raya en el dogma, el contraste entre el discurso gubernamental y la realidad material alcanza tintes de sainete trágico. Ante las protestas del personal médico por el desabasto crónico de insumos en los hospitales del estado, la gobernadora Rocío Nahle García desestimó las exigencias calificándolas de show mediático con tintes políticos.

Para rebatir las críticas, la mandataria presumió haber recorrido 28 de los 61 nosocomios y relató haber hallado en un hospital diez piezas de un fármaco para infartos valuado en 127 mil pesos cada una, un excedente que —según su óptica— justificaba una redistribución inmediata.

“No me voy a distraer en shows mediáticos”, sentenció Nahle, en un ejercicio donde la autodefensa gubernamental invisibiliza el dolor cotidiano de los pacientes.

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Pero el drama veracruzano no se agota en los hospitales y farmacias públicos. En Xalapa, la muerte de la joven Joselyn Flores Hernández durante las inundaciones del 28 de septiembre en el centro comercial “Híper San Bruno” abrió una rendija incómoda sobre la voracidad inmobiliaria y la complicidad burocrática.

Cuestionado al respecto, el impoluto secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, se atrincheró en la legalidad administrativa: los permisos fueron otorgados con base en el programa de ordenamiento urbano vigente y en dictámenes legítimos de Protección Civil y Comercio.

Si hubo error, omisión o delito, corresponderá a la Fiscalía investigarlo, declaró Ahued con la suficiencia de quien desliza la pelota hacia la cancha judicial. La ciudad se inunda bajo 135 mililitros de lluvia por metro cuadrado, revelando la fragilidad estructural de una capital construida sobre la desmemoria institucional.

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Así discurre la vida pública en México: entre recortes presupuestales disfrazados de prudencia administrativa, libros de memorias que ajustan cuentas con imperios extranjeros, precandidaturas que pactan su propio silencio y gobernantes que confunden el colapso urbano con un malentendido meteorológico.

La crítica se vuelve urgente, explícita y dolorosamente lúcida. Desmenuzar la política no consiste en destruir el edificio, sino en demostrar que nunca estuvo construido sobre roca firme.

La cúpula en el poder sigue administrando el caos con la esperanza de que el pueblo olvide las preguntas antes de que lleguen las elecciones de 2027.

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