A través de un comunicado el colectivo Equifonía, representante legal de los padres de Pilar Argüello Trujillo, víctima de feminicidio en 2012, lamentaron y expresaron su preocupación por el desconocimiento del gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre este caso, el primero admitido por la ONU.
Explican que en este, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) demandó la reapertura de la investigación y reparación para Pilar y las víctimas indirectas.
Recordó que interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el trato despectivo, clasista y revictimizante recibido por parte de la magistrada presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, en una reunión sostenida con ella como parte del seguimiento a las recomendaciones hechas por la ONU al estado Mexicano a través de la comunicación 75/2014 del comité CEDAW.
Respondieron al Gobernador que esto no ha “causado estado”, tal como dijo el mandatario en la conferencia de prensa de este lunes.
Te puede interesar: Violencia rampante: suben extorsión, robo y abuso sexual
“Nos resulta preocupante que en sus declaraciones el Gobernador no tome en cuenta que todo el proceso de exigencia de justicia para Pilar ha llegado al más alto nivel, y que es el primer caso de feminicidio admitido por la ONU por lo cual ha emitido seis recomendaciones al estado mexicano, una de estas es reabrir la investigación del asesinato hasta granizar verdad, justicia y reparación para Pilar y las víctimas indirectas”, dijeron en un comunicado.
Explican que parte de las recomendaciones emitidas por la CEDAW en el expediente 75/2014 incluyen dar con el o los responsables de su feminicidio, que se investigue y sanciones el actuar de los servidores públicos que hayan actuado de forma indebida, y eso incluye a la juez interina de la etapa de juicio del juzgado de menores, “quien a pesar de la evidencia presentadas por la entonces Procuraduría General de Justicia decidió absolver al probable responsable”.
Explican que este caso no puede ‘causar estado’ ya que esta comunicación es parte de una recomendación general vinculante cuyo cumplimiento está en curso y la actual administración no puede minimizar la exigencia de justicia para el feminicidio de Pilar argumentando que tuvo lugar en administraciones pasadas.
“Reiteramos que es una obligación institucional garantizar justicia para Pilar y todas las víctimas. La instalación de una mesa de trabajo para dar cumplimento a las recomendaciones es resultado de más de 9 años de exigencia ininterrumpida de justicia”, señalan.
También pidieron al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, a asistir a las reuniones de la mesa de seguimiento y agilizar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CEDAW al estado mexicano.
