El Gobierno de México guarda silencio ante el caso de Ernestina Ascencio, la mujer indígena que habría sido violada por militares y cuya agresión derivó en su muerte en 2007.
Las organizaciones Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y Kalli Luz Marina denunciaron que el Gobierno no ha respondido las preguntas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las irregularidades del caso.
A 14 años de la agresión, señalan que las autoridades mexicanas no respondieron a qué se debió el cambio en el peritaje por la muerte de la adulta mayor de 73 años, que en un primer momento se dijo fue por la violación sexual y luego se modificó a anemia aguda derivada de sangrado de tubo digestivo.
El Gobierno mexicano debió contestar el pasado 17 de enero pero no lo hizo, por ello las organizaciones citaron a la Corte la emisión a la mayor brevedad posible del Informe de fondo, determinando las violaciones de derechos humanos en que ha incurrido el Estado mexicano en este caso y formule las recomendaciones.
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Hay que recordar que el 4 de diciembre del año pasado se realizó una audiencia ante la CIDH en la que la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y representantes del Gobierno de México insistieron en que la investigación por la muerte de Ernestina Ascencio estuvo apegada a derecho.
“A un mes de vencimiento del plazo para que el Estado remitiera a la CIDH las respuestas y propuesta comprometidas, las mismas no han sido recibidas por las peticionarias, aunque sí otros documentos de trámite”, señalaron.
Por esto loas organizaciones demandaron iniciar una investigación independiente con cargo al Estado mexicano, con la colaboración de instancias nacionales e internacionales especialistas en materia de derechos de las mujeres indígenas.
“Exigimos adopción de medidas tendientes a honrar la imagen y la memoria de la señora Ernestina de manera adecuada a su cultura y en acuerdo con su familia. Exigimos que se otorgue reparación integral en el contexto cultural y comunitario, de las consecuencias ocasionadas a la familia de la señora Ernestina Ascencio Rosario”.
Demandaron que cese la persecución y se brinde protección, reconocimiento y reparación del daño ocasionado, a sus familiares y a las personas que a través de los años han defendido la verdad y la justicia ante lo ocurrido, entre ellos, periodistas, servidores públicos y defensores de derechos humanos.
