Un fallo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) obliga al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz a modificar una resolución dictada contra el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Mauricio Martín “N”.
En este caso, el ente revisor procedió en 2017 contra el excolaborador de Javier Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte, y le aplicó una indemnización por 2 mil 152 millones 633 mil 812.32 pesos y una sanción por mil 183 millones 948 mil 596.78 pesos por un presunto daño patrimonial.
El ORFIS consideró que el exsecretario incurrió en dicha conducta al concluir la fase de Responsabilidad y Fincamiento de Indemnización y Sanción, dentro del expediente DRFIS/06/2016 IR/CUENTA CONSOLIDADA/2015.
Sin embargo, la magistrada del TEJAV, Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, de la Cuarta Sala Unitaria, obligó al Órgano de Fiscalización Superior a emitir una nueva resolución.
El Tribunal determinó que el Orfis carece de atribuciones legales para fiscalizar los recursos federales ejercidos por el Estado durante el año 2015.
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El TEJAV observó que el ORFIS no solicitó el aval por parte de la Auditoria Superior de la Federación para fiscalizar recursos públicos federales.
“De ahí que, para la fiscalización de los recursos federales, debe estar a lo dispuesto por el artículo 115, fracción XXIV de la Ley 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado, que previene la competencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado para fiscalizar la aplicación de los recursos federales a pedimento de la Auditoría Superior de la Federación y con base en el convenio respectivo”.
“De manera que, la fiscalización de los recursos de naturaleza federal para el caso que nos ocupa, no constituye una facultad que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado pudiera ejercer de forma independiente”.
Cabe recordar que además el exsecretario de Finanzas y Planeación Mauricio “N” también fue vinculado a proceso por la vía penal por su probable responsabilidad en la comisaría del delito de coalición en agravio del servicio público el 5 de abril de 2017; siendo liberado en diciembre de 2018 para enfrentar su proceso en libertad.
