Antes de ser destituida del cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y ser depuesta como magistrada mediante el juicio político, Sofía Martínez Huerta denunció y alertó acerca de la corrupción que rodeó la construcción de las llamadas Ciudades Judiciales durante el periodo de Edel Álvarez Peña, sin embargo, terminó por ser removida.
En manifestaciones vertidas luego de que fuera removida de su posición el 23 de octubre del año pasado, la docente señaló que tras ser nombrada en el cargo sostuvo una reunión con el Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez.
“Por lo tanto dentro de los compromisos alcanzados por la administración actual del gobierno del estado, no se realizaría cacería de brujas o investigación alguna sobre los actos realizados por Álvarez Peña y sus colaboradores en el desempeño de sus funciones en el Poder Judicial, lo que incluye los procesos de autorización, contratación y ejecución de obra de las llamadas ciudades judiciales”, dijo entonces.
A lo que la exservidora pública se refiere es a la creación de las Asociaciones Público Privadas (APP´s) para construir los nuevos espacios de impartición de Justicia, impulsados por el expresidente del TSJE con el aval del Congreso del Estado.
Te puede interesar: Magistrados piden cancelar Ciudades Judiciales; presidenta del PJEV los ignora
Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha emitido observaciones, señalando si bien el Poder Legislativo avaló la construcción de 17 ciudades judiciales por medio de la figura de asociación pública privada, el Poder Judicial se “autorizó” finalmente 21 proyectos, de los cuales, no existen expedientes técnicos.
En su momento Martínez Huerta exhibió también que el Poder Judicial asignó 12 contratos por 747 millones 221 mil pesos, sin embargo, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de la deuda de dicha Soberanía con las APP’s aumentó a 849 millones de pesos.
Igualmente, el ORFIS alertó de la integración “exprés” de las empresas desarrolladoras de las ciudades judiciales. Es el caso de la sociedad “Desarrolladora CJI, SAPI, SA., de CV.”, con fecha de constitución de 22 de mayo de 2018.
Sin embargo, el fallo de las licitaciones se registró el día 14 de mayo, esto es, 8 días antes de la integración del consorcio conformado por Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.; entre otras irregularidades.
En concordancia con el hallazgo de las irregularidades, Martínez Huerta dijo que suspendió los pagos a las empresas constructoras y que, a la llegada de Isabel Inés Romero Cruz como nueva presidenta, esta llevó a cabo el pago de las cantidades que se habían dejado de realizar con motivo de las irregularidades encontradas.
En una denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE), refiere que las anomalías que detectó en la administración de Álvarez Peña se hicieron del conocimiento a los integrantes del Consejo de la Judicatura: Humberto Oliverio Hernández Reducindo, Carla Rodríguez González, Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín y Andrés Cruz Ibarra, y que en consecuencia estos decidieron cambiar a los titulares de la dirección jurídica, dirección general de administración, Contraloría y subdirección de recursos materiales, lugares en donde se encontraba la documentación que acredita las irregularidades cometidas por Edel Álvarez Peña y su grupo.
Finalmente, el 20 de octubre del año pasado, de acuerdo con los dichos de la propia expresidenta, Humberto Oliverio Hernández Reducindo, Joana Marlen Bautista Flores, y Juan Javier Gómez Cazarín, en la oficina de este último, llamaron a los presidentes de las salas que integran el Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad de instruirles que por indicaciones del Gobernador debían destituir a Sofía Martínez Huerta.
Cabe agregar que una auditoría al ejercicio de 2019 la construcción de las Ciudades Judiciales en Veracruz que gestionó Edel Álvarez Peña no generó observaciones de carácter financiero por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sin embargo, sí se registraron 11 observaciones de carácter técnico a la obra pública sujetas a aclaración por probable daño patrimonial por al menos 6 millones 695 mil 053.88 pesos.
Esto de acuerdo a la Auditoria Integral del ORFIS contenida en el oficio número OFS/AG_ DAPE4839/08/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, que se filtró a medios de comunicación, en donde el órgano informa que se detectaron irregularidades en los contratos y adjudicaciones directas, así como en los documentos presentados, obras sin terminar y obras realizadas en terrenos que legalmente no son del Poder Judicial.
Además, en las revisiones físicas se encontraron obras de mala calidad por deficiencias técnicas; trabajos pagados que no cumplen satisfactoriamente con las especificaciones considerándolos de mala calidad por deficiencias en su operación y que también se asignaron obras a empresas que no tienen atribución para construir obras públicas y se detectó una empresa “consentida”, siendo Estudio, Costo e Infraestructura S.A. de C.V que recibió 3 contratos por 12 millones 608 mil 147.80 pesos.
Finalmente, el ORFIS reporta trabajos pagados no ejecutados e incluso las empresas a cargo deberán de reintegrar los 6 millones 695 mil 053.88 pesos pues el financiamiento fue finiquitado.
