En 2007, Gina Domínguez tenía una empresa de floricultura con un capital de 8,000 pesos, pero tras su paso por la administración de Javier Duarte ahora dirige un consorcio de medios que recibió 38.2 millones de pesos del gobierno.
Gina Domínguez utilizó su cargo de vocera en el gobierno de Javier Duarte para beneficiar con contratos y convenios a una empresa de medios que luego pasó a ser de su propiedad y a tres radiodifusoras que ahora controla editorialmente.
La empresa Servicios Especializados de Comunicación en Imagen S.A. de C.V. (SECI) –creada en 2008 y que en 2015 pasó a ser de su propiedad– recibió al menos 17.2 millones de pesos entre 2013 y 2016.
Mientras que las tres radiodifusoras recibieron 21 millones de pesos –autorizados por Domínguez en su cargo de vocera y coordinadora de Comunicación Social–, a pesar de que aún no contaban con permiso para operar.
En enero de 2012, la exvocera firmó un convenio por 21 millones de pesos con el empresario Roberto Antonio Altieri Fernández para instalar y operar tres frecuencias de radio.
El dinero fue entregado nueve meses antes de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones) otorgara a Altieri Fernández los permisos para usar y aprovechar “sin fines de lucro” las tres frecuencias.
Una vez logrados los permisos, las estaciones fueron instaladas y se registró como representante legal al abogado José Humberto Roa, en ese entonces director Jurídico de la Coordinación General de Comunicación Social y, por lo tanto, subordinado de Domínguez.
Pero el vínculo Roa–Domínguez no termina allí. El ex director jurídico fungía al mismo tiempo como socio y administrador de la empresa Grupo Merkaba –donde el esposo de la exvocera, Enrique Andrés Allende, era socio–, constituida el 25 de octubre de 2011; y también socio y administrador único de SECI, la empresa de comunicación que pasó a manos de Domínguez.
Funcionarios y socios de empresa de medios
La empresa Servicios Especializados de Comunicación en Imagen S.A. de C.V. (SECI) fue creada en 2008 con Miguel Ángel Gutiérrez Garduza como integrante de su consejo de vigilancia.
Gutiérrez Garduza se desempeñó en la administración de Javier Duarte como subdirector de recursos materiales de la Secretaría de Salud en 2014. Él es uno de los personajes que autorizó la adquisición de medicamentos a empresas dedicadas a la venta de café y ropa y que actualmente son investigadas por el gobierno de Yunes.
Otros dueños de SECI eran Juan Antonio Nemi Dib, ex director del DIF de Veracruz y ex secretario de Salud en el gobierno de Duarte, y Enedina Díaz Morales, excolaboradora de Nemi en ambas dependencias.
Pero en 2014, Humberto Roa se integró a esa sociedad al adquirir 25 acciones, las cuales vendió a Domínguez en 2015.. Lo mismo hizo Enedina Díaz.
Así fue como el 7 de octubre de 2015, Gina Domínguez se declaró administradora única de SECI, empresa que como objeto principal tiene el “producir, realizar, organizar y comercializar programas y comerciales de radio, televisión, internet y en general cualquier modalidad de transmisión y/o producción”.
Millonarios beneficios
De acuerdo con información obtenida por Animal Político vía transparencia, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pagó a Gutiérrez Garduza, entre 2012 a 2016, 17 facturas por un monto de 10.3 millones de pesos.
Asimismo, de 2015 al 29 de noviembre 2016, SECI recibió una serie de recursos de la Tesorería de Veracruz. En el libro contable del gobierno veracruzano se visualizan pagos por 6.9 millones sin especificar el concepto.
Por lo menos 10 facturas fueron pagadas a la empresa el 31 de diciembre de 2015; siete más el 14 de noviembre de 2016 –cuando el gobierno había detenido el ejercicio fiscal–.
Un día antes del fin del sexenio de Javier Duarte –en ese entonces prófugo de la justicia mexicana– y su sucesor Flavino Ríos, el 29 de noviembre pasado, SECI recibió un último pago por 300 mil pesos.
Actualmente SECI y las tres radiodifusoras beneficiadas por Domínguez con 21 millones de pesos, en alianza con el portal de noticias Quadratin Veracruz, encabezan un consorcio de medios donde Gina funge como productora editorial y las 3 estaciones de radiodifusión instaladas con recursos públicos, así como SECI y otros bienes vinculados a Domínguez, tales como la empresa Cordocons SA de CV –que recibió pagos del erario público veracruzanos por 7.3 millones de pesos, entre 2014 y 2016–, son investigadas por la administración de Yunes.
