(SPI).- Las estrategias que ha implementado el gobierno de Veracruz para el combate a la delincuencia organizada y delitos del fuero común no han dado resultados, aseveró el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, A.C., Jorge Reyes Peralta.

El jurista expresó que es innegable el incremento de la violencia no sólo en Veracruz, sino en todo el país y, sugirió es momento de replantear la estrategia de seguridad pública por parte del Gobierno del Estado.

“Urge un cambio en la estrategia, no sólo contra la delincuencia organizada, sino también contra los delitos del orden común, que son los que más están lastimando a la ciudadanía

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Recordó que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ofreció combatir la inseguridad con el uso de la tecnología, colocación de más de seis mil video cámaras de vigilancia, uso de drones, centros de control, entre otros.

“Todo es una estrategia de campaña y lo que queremos es que todo eso aterrice. Se pueden reunir los 365 días del año y no vemos resultados. Algo falta o lo que nos informan no es cierto”, dijo

El jurista consideró que lo económico es un tema muy sensible para las familias, pero el sentimiento de inseguridad lo es más, ya que la ciudadanía no se siente segura con tantos robos a transeúntes, asalto a comercios, a bancos, casas-habitación, vehículos y otros.

Refirió igualmente se deben retirar las fuerzas federales de las calles y tomar su responsabilidad el Estado y los 212 municipios de la entidad.

“Es un desgaste que tienen las fuerzas federales y éstos deben cumplir con su obligación constitucional. Es muy cómodo para un municipio refugiarse en el Mando Único y eso es un error”, aseveró.

Reyes Peralta reconoció que no se pueden ir a “comprar” policías a los súper mercados ni capacitarse en los Oxxo, sino pasar por una estrategia de capacitación policial, pero también en el nuevo sistema judicial.

“El primer respondiente es un policía, es el primero que llega a la escena del crimen y al cual le falta capacitación, por eso la cadena de custodia de las pruebas son incorrectas y la justicia no prospera, por la ineficiencia desde ese momento. La policía municipal no tiene capacidad de ser el primer respondiente como marca la ley”, concluyó presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas.

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