A poco más de un mes de haber asumido el cargo, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, anunció un giro en la política interna de la institución al comenzar a aceptar recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, con lo que se rompe una práctica histórica de rechazo y se perfila una nueva relación entre la Fiscalía y estas instancias.
En su comparecencia ante el Congreso del Estado, la fiscal general expuso que una de sus primeras determinaciones fue ordenar la revisión integral de las recomendaciones formuladas tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como por el organismo estatal.
“Tengo un firme compromiso con los Derechos Humanos y el Estado constitucional de derecho; por ello, desde mi llegada a la institución me encuentro atendiendo y revisando los términos de las diversas recomendaciones emitidas”, expresó ante los legisladores.
En el informe presentado al Poder Legislativo, detalló que en este breve periodo fueron aceptadas las recomendaciones 143/2025, 142/2025 y 79/2025, como parte de las acciones emprendidas durante el ejercicio 2025.
Ejes de trabajo
Jiménez Aguirre dio a conocer un plan de trabajo sustentado en tres líneas estratégicas: modernización institucional, optimización operativa y coordinación interinstitucional. Entre las medidas anunciadas destacó la firma de un convenio con el Poder Judicial para agilizar las órdenes de cateo mediante una ventanilla virtual, así como la emisión del acuerdo 01/2026, orientado a facilitar la entrega de cuerpos identificados y reducir la saturación en los servicios forenses.
En materia de búsqueda de personas, informó sobre la ampliación de personal en la Fiscalía especializada, el fortalecimiento del parque vehicular y la atención directa a colectivos. También señaló cambios de adscripción en áreas clave, derivados de recorridos en las siete fiscalías regionales, además de un plan para abatir órdenes de aprehensión pendientes.
Respecto a resultados, reportó el cumplimiento de 95 mandamientos por homicidio doloso; la realización de 140 cateos con 90 detenciones y 74 vinculaciones a proceso; así como 264 órdenes de aprehensión ejecutadas por diversos delitos.
Añadió que se impulsa la creación de una Carpeta de Investigación Digital y una plataforma para la expedición de constancias de extravío en línea.
La fiscal subrayó que estas acciones forman parte de un proceso de reordenamiento interno destinado a transformar prácticas institucionales, fortalecer la rendición de cuentas y alinear la actuación de la Fiscalía con estándares en materia de derechos humanos.
