En 2019 el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) operaba sin certificación de la Secretaría de Salud y cometiendo diversas irregularidades permitidas por el Instituto Metropolitano del Agua (IMA), organismo que costó más de 52 millones de pesos a Veracruz y Medellín de Bravo en 2019
Cabe recordar que el Instituto estaba a cargo de vigilar el correcto servicio en ambos municipios, sin embargo, también se encontró que está constituido irregularmente.
Lo anterior de acuerdo con el Informe de la Auditoría Integral al IMA realizado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por instrucción del Congreso local.
La auditoría revela que se oculta información financiera en el organismo y el mal cuidado que realiza a los recursos públicos federales originó que se regresaran a la Tesorería de la Federación 26 millones 160 mil 421 pesos, aunque ambos municipios podrían haber obtenido 52 millones 320 mil 842 pesos en total.
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El IMA tampoco ha logrado el desarrollo y crecimiento de infraestructura como lo estipula la concesión al Grupo MAS; registrando pagos irregulares de permisionarios. De acuerdo con la responsabilidad de las irregularidades detectadas recae en el director Francisco García Barradas, quien no pudo solventar las observaciones del ente fiscalizador.
Dicho funcionario no dio cabal cumplimiento a todas sus funciones enunciadas en el Manual General de Organización del Instituto, pese a que su Consejo Consultivo Ciudadano cuenta con la participación de los alcaldes de Veracruz y Medellín de Bravo, así como de 6 consejeros ciudadanos.
De acuerdo con el Orfis, respecto a la certificación que no tenía el Grupo Mas si bien es cierto que se han realizado análisis mediante laboratorios certificados, así como procedimientos administrativos para tomas de muestras del agua de la red para análisis bacteriológico, ello no exime al IMA de su obligación de requerir el certificado de calidad del agua previsto en el título de concesión.
“Máxime si se toma en cuenta que durante las tomas de muestras se verificó que en algunos domicilios los usuarios manifestaron que el agua salía sucia, con olor a cloro, amarillenta, sucia, turbia, negra, con arena, entre otros supuestos”.
En cuanto al reintegro de recursos, concretamente el director general del IMA no instruyó que se procediera al registro de Ingreso Devengado y Gasto Comprometido de programas federales, lo que dio como resultado que el Instituto haya reintegrado a la TESOFE la cantidad de 26 millones 160 mil 421 pesos más los productos financieros que se hayan generado en la cuenta por actualizaciones y recargos desde la fecha en que debió reintegrarse hasta que lo hiciera efectivo
“Además, con el reintegro a la TESOFE se dejó de aplicar en provecho de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, una cantidad igual a la recibida como beneficiario ($26,160,421.00), que debía aportarse en términos del programa, lo que hace un total de $52,320,842.00, cantidad que se dejó de destinar en beneficio de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo”, determinó el Orfis.
En la revisión también se añade que el Titular del Instituto tampoco instruyó que se realizara el procedimiento de adjudicación correspondiente, con el objeto de que, al recibir los recursos líquidos en la cuenta bancaria, se hiciera la contratación respectiva, evitando el reintegro de los recursos que pudieron beneficiar a la ciudadanía veracruzana o bien dejar comprometidos los recursos a través de una “Carta de Intención”.
Dicho mal manejo, que derivó en el reintegro de los recursos al no ser ejercidos, deja a la Entidad como no beneficiaria para el ejercicio 2020, sanción que se aplica por el no ejercicio de los recursos recibidos en el ejercicio anterior, en este caso el 2019.
INCUMPLE CONCESIÓN
La auditoría del organismo fiscalizador añade que las metas de eficiencia e indicadores de resultados acordados en la Propuesta Económica de la Licitación Pública relacionada con la administración de los servicios de agua y saneamiento “estuvieron lejos de alcanzarse en el ejercicio 2019”.
De acuerdo con la auditoría hubo casos en los que existieron variaciones negativas respecto de sus mediciones iniciales.
“Ante esta situación, se corroboró que, ante los rezagos observados para los indicadores próximos a cumplir y las reducciones en la medición inicial de la mayor parte de éstos, el IMA no definió el seguimiento a acciones correctivas o recomendaciones promovidas ante los terceros concesionados, situación que se observó en las limitaciones encontradas en sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia de la prestación de los servicios concesionados y de la gestión de la infraestructura del SMA”.
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Cabe recordar que el Congreso instruyó al ORFIS realizar una auditoría integral al Organismo Público Descentralizado de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, a fin de determinar el cumplimiento de sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, conforme con el Título de concesión otorgado para la prestación de los servicios del agua y saneamiento, por lo que se programó la planeación y ejecución de dicha auditoría integral con alcances Financiero, de Legalidad y de Desempeño.
En la revisión que establece que no existe evidencia documental alguna que ampare y justifique fehacientemente la suscripción del convenio entre los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, para la creación del Instituto; igualmente se establece que el municipio de Medellín de Bravo de desincorporó irregularmente al no solicitar el aval de la Legislatura.
En 2019 se estimaban ingresos por recibir por un monto de 33 millones 948 mil 096 pesos, producto de adeudos que mantiene el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPO de C.V. a su favor, sin embargo para el Orfis el registro incongruente, toda vez que debe presentarse en la partida contable Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes; además se observó que no cuenta con registros contables por la contingencia que pueda surgir derivado de las demandas laborales en su contra.
En las observaciones de carácter financiero se determinó el incumplimiento de disposiciones de carácter federal, estatal y municipal, que dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones por un monto de 26 millones 160 mil 421 pesos.
Respecto a las observaciones de legalidad se concluyó que no existe evidencia documental alguna que ampare y justifique fehacientemente la suscripción del convenio entre los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, para la creación del Instituto y que éste incumplió en supervisar y vigilar suficientemente el acatamiento de las obligaciones establecidas en el Título de Concesión para la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento, al no contar con el Certificado de Calidad del Agua para consumo humano que expide la Secretaría de Salud.
Además, se advierte que Francisco García Barradas solicitó la asignación de recursos en virtud de los Programas PRODDER 2019 y PROSANEAR 2019, previstos en la Ley Federal de Derechos. Sin embargo, no llevó a cabo las acciones tendentes a la realización de las obras enlistadas en los Programas de Acciones; procediendo a la devolución de los recursos asignados que ya se mencionaron.
Finalmente, en las observaciones de Desempeño se concluyó que existieron limitaciones en la gestión del IMA en cuanto al desarrollo y crecimiento de la infraestructura, ya que no llevó a cabo acciones para la construcción de nueva infraestructura, centrando su atención en la supervisión del estado físico de la ya existente, a cargo del Grupo MAS.
“De igual forma, dicho Instituto no ejerció sus facultades de regulación de la conservación, administración y desarrollo de la infraestructura que integra el SMA. Asimismo, no fue posible calcular el grado de cumplimiento en las acciones relacionadas con las facultades que sí fueron ejercidas”.
En su Pliego de Observaciones el Orfis notificó 21 observaciones y recomendaciones, de las cuales 6 observaciones fueron de carácter financiero, 7 de legalidad y 8 recomendaciones al desempeño. Una vez concluida la etapa de solventación, únicamente fue solventada 1 observación financiera, quedando 5 no solventadas; en el alcance de legalidad fue solventada 1 observación y 2 se solventaron parcialmente, quedando 4 sin solventar; en el caso de las recomendaciones al desempeño, 4 fueron atendidas sujetas a seguimiento y 4 no fueron atendidas quedando también sujetas a seguimiento.
