Será hasta las últimas dos semanas del gobierno yunista, cuando finalmente pueda establecerse por ley, un Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas, derivado de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz.
Este martes, quedó publicada dicha ley, la cual establece un periodo de 30 días para entrar en funciones, donde igualmente se establece que el citado mecanismo quedará instalado a más tardar en los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley y que en un plazo de 60 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley deben ser nombrados por el Congreso del Estado los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano.
La ley que aprobada hace algunas semanas por los diputados locales, apenas fue aprobada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares donde se indica que habrá un Consejo Estatal Ciudadano es su carácter de especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley Genera, el primer nombramiento será por un periodo de tres años, el segundo por un lapso de dos años y el tercero por un término de un año.
De igual forma, habrá cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, el primer cargo será de un año, el segundo nombramiento será por un período de dos años, el tercer designado por un tiempo de tres años, y el cuarto nombramiento, por un período de un año.
Se establece que en un plazo que no exceda de 30 días posteriores al nombramiento del Consejo Estatal Ciudadano, el titular del Poder Ejecutivo del Estado nombrará al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. También dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, la Fiscalía General del Estado deberá hacer las adecuaciones necesarias a su Reglamento.
Dentro de los 30 días siguientes a que la Comisión Estatal de Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá emitir los protocolos rectores para su funcionamiento; y los servidores públicos que integren la Fiscalía Especializada y la Comisión de Búsqueda deberán estar certificados dentro del año posterior a su creación.
