En su mensaje durante la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del proceso electoral extraordinario, el vocal ejecutivo Josué Cervantes Martínez señaló que no puede ser la violencia la que dirima las contiendas electorales por más apasionada que sea la lucha democrática.
Agregó que no se puede anteponer la conquista del poder por el poder mismo, a los intereses legítimos de la ciudadanía.
El proceso electoral extraordinario para la elección de los ayuntamientos de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, Jesús Carranza y Amatitlán inició el pasado 5 de enero de 2022 con la instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz por así haberlo ordenado el Congreso del Estado y con la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la entidad y, simultáneamente, con la instalación de los consejos distritales 02, 08, 14 y 19 del propio Instituto en el estado, el órgano nacional se suma a los trabajos de la jornada extraordinaria.
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Refirió que los elementos estudiados por la autoridad electoral jurisdiccional para anular las elecciones de Tlacotepec de Mejía y Amatitlán les alertan sobre la necesidad de apegarse plenamente a las reglas aplicables a la fiscalización de los recursos, tanto del financiamiento público como del privado.
“Ejercer dichos recursos dentro de los límites legalmente establecidos -entendidos éstos respetando los topes de gastos de precampaña y campaña aprobados por la autoridad electoral-, y reportarlos al órgano fiscalizador en tiempo real, no más allá de los tres días siguientes a su erogación. Y aún más importante, de ninguna manera dejar de reportar un gasto para evitar que la autoridad electoral lo tase en su costo más alto en el mercado. Esta es una enseñanza para las y los actores políticos”.
Sobre la nulidad de la elección de Jesús Carranza, la lección y el compromiso interinstitucional, explicó que es mayúsculo, pues atañe lo mismo a las autoridades electorales y a las y los actores políticos, que a las autoridades encargadas de la seguridad pública.
“Entendiendo que no puede ser la violencia la que dirima las contiendas electorales por más apasionada que sea la lucha democrática, pues no se puede anteponer la conquista del poder por el poder mismo, a los intereses legítimos de la ciudadanía”.
