Durante el mes de febrero se realizarán los procesos para aplicar el juicio de desafuero al diputado local del grupo mixto “Acción Nacional Veracruz”, Erik Iván Aguilar López y la revocación de mandato al alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y a la Síndica, Lucero Jazmín Palmeros Barradas.
La Comisión Instructora del Congreso del Estado citó a los señalados para la próxima semana, con el objetivo de informarles de los procedimientos que podrían derivar en su separación del cargo, a petición del fiscal Especializado Anticorrupción, Alfredo Corona Lizárraga
Hay que recordar que las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales ya determinaron procedente iniciar los procedimientos en contra de los señalados, por lo que ahora la comisión instructora debe de determinar lo que procede.
En entrevista en el Congreso local, el presidente municipal de Actopan dijo tener conocimiento de que tanto él como el resto de los señalados fueron citados para el lunes y martes de la próxima semana.
Señaló que formalmente todavía no es notificado de los delitos por los que se pide su separación del cargo, por lo que prefiere no especular.
“El lunes nos citan y ya después nos dicen qué día tenemos que presentarnos”, explicó el funcionario municipal.
De esta manera, de acuerdo con la Ley de juicio político y declaración de procedencia, los procesos en contra de los funcionarios se realizarán durante este mes de febrero.
Primero, dentro de los tres días de recibidos el dictamen previo y el expediente, la Comisión Instructora emplazará a los denunciados, para que en el plazo de siete días siguientes al que surta efectos la notificación, expongan lo que a su derecho convenga; lo que en este caso ocurrirá la próxima semana.
Esto se podrá realizar por comparecencia personal o por escrito, a su elección. Posteriormente, la comisión practicará las diligencias necesarias con base en las manifestaciones del denunciado, y notificará personalmente al denunciante y al denunciado la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.
Dicha audiencia se desahogará dentro de diez días posteriores al vencimiento del plazo concedido al denunciado, para manifestar lo que a su derecho convenga. Posteriormente los legisladores dictaminarán los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.
Si de las constancias existentes se desprende que el denunciado no es responsable de los actos u omisiones imputados, la Comisión Permanente Instructora, en su dictamen, propondrá al jurado de acusación que acuerde no ha lugar a proceder en contra del servidor público.
Si de las constancias del procedimiento apareciere la responsabilidad del servidor público, la Comisión Permanente Instructora dictaminará la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado para someter el documento a consideración del pleno.
Domínguez Sánchez dijo que continúa laborando con normalidad y confía en que su separación del cargo no proceda, puesto que “no ha hecho nada malo”.
Adelantó que ya tramitó un amparo en contra de la determinación del Congreso de atender la petición del fiscal Especializado Anticorrupción, e implementará las acciones legales necesarias para mantenerse en sus funciones.
Además, se dijo confiado en recibir el respaldo de los legisladores del PAN, puesto que cualquier trámite tiene que hacerse legalmente.
“Por eso me siento tranquilo, yo espero que actúen con legalidad, lo que quiere decir que todo se haga conforme a Derecho”, añadió.
