La seguridad pública se mantiene como uno de los ejes más sensibles en el arranque del gobierno de Rocío Nahle. A poco más de un año de haber asumido la gubernatura, el balance muestra avances parciales en algunos indicadores oficiales, pero también persistentes focos de violencia que cuestionan la efectividad de la estrategia estatal.
De acuerdo con cifras del propio gobierno y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Veracruz registra reducciones en delitos como homicidio doloso y robo de vehículo en comparativos con años anteriores. La administración estatal atribuye estos resultados a la coordinación con fuerzas federales, al funcionamiento de las mesas de seguridad y a programas de prevención social.
No obstante, el análisis territorial revela un escenario más complejo. En diversas regiones del estado -particularmente el norte, el corredor Córdoba-Orizaba y el sur industrial- continúan registrándose hechos de alto impacto, como ejecuciones, enfrentamientos armados, hallazgo de cuerpos y mensajes atribuidos a grupos del crimen organizado. Estos episodios, aunque no siempre se reflejan de manera inmediata en los promedios estatales, sí influyen de forma directa en la percepción ciudadana.
Uno de los principales retos es la extorsión, un delito de alto impacto económico y social que sigue afectando a comerciantes, transportistas y prestadores de servicios. Organismos empresariales han advertido que este fenómeno permanece subregistrado y que la cifra negra impide dimensionar su verdadera magnitud. A ello se suma la baja tasa de denuncias, asociada al temor a represalias y a la desconfianza en las instituciones.
La estrategia de seguridad del gobierno de Nahle ha privilegiado la contención mediante presencia policial y militar. Sin embargo, especialistas advierten que este enfoque, sin un fortalecimiento paralelo de las fiscalías y del sistema de justicia, limita los resultados de largo plazo. La impunidad, particularmente en homicidios, secuestros y desapariciones, continúa siendo un factor estructural que favorece la reproducción de la violencia.
Otro elemento que ha generado debate es la comunicación gubernamental en torno a los hechos violentos. En varios casos, las autoridades han optado por matizar o desestimar versiones periodísticas, lo que ha abierto una brecha entre el discurso oficial y la percepción social. Este manejo puede reducir la credibilidad institucional, aun cuando existan avances reales en ciertos rubros.
El panorama actual sugiere que Veracruz no atraviesa una crisis generalizada de seguridad, pero tampoco un proceso claro de pacificación. La violencia persiste de forma regionalizada y focalizada, lo que exige políticas diferenciadas y diagnósticos más precisos.
El desafío para el gobierno de Rocío Nahle será consolidar los avances estadísticos sin ignorar los problemas estructurales: crimen organizado con control territorial, delitos de alto impacto poco denunciados y un sistema de justicia con resultados limitados. El rumbo de su administración en materia de seguridad dependerá, en buena medida, de su capacidad para cerrar esa brecha entre los números y la realidad cotidiana.
