Xalapa, Ver.- A unas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas para participar en el proceso electivo en el que se renovará la Presidencia de República, el Senado, el Congreso federal y local, y la gubernatura de Veracruz, elementos de la Policía Estatal realizan actos de intimidación en contra de ciudadanos de diferentes partes de la entidad.
En Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, quien encabeza la lista plurinominal del PRD, ha sido blanco de actos intimidatorios. Estos hechos no solo ponen en riesgo su candidatura, sino que además envían un mensaje de terror a los votantes y a otros candidatos que buscan participar en un proceso democrático transparente.
La situación es aún más grave en Santiago Tuxtla, donde el hijo de Argeniz Vázquez Copete, candidato a la diputación local, fue detenido por elementos de la seguridad estatal sin motivo aparente. Este acto, percibido como una clara maniobra de coacción, no solo vulnera los derechos humanos fundamentales, sino que también socava la integridad del proceso electoral.
En Ixhuatlancillo, el ejército ha sido señalado por amedrentar al padre de Vania Pérez Pérez, candidata por el distrito de Río Blanco. La presencia militar, lejos de proporcionar seguridad, ha generado un ambiente de miedo e incertidumbre, afectando directamente la participación ciudadana.
Estas acusaciones y hechos recientes ponen de manifiesto la fragilidad del estado de derecho en Veracruz y la urgente necesidad de que las autoridades competentes actúen con firmeza para restablecer la confianza en las instituciones electorales. La comunidad nacional e internacional observa con preocupación estos eventos, que pueden tener graves repercusiones para la democracia en la región.
La integridad del proceso electoral es esencial para la legitimidad de cualquier gobierno, y en Veracruz, esta integridad está siendo seriamente cuestionada. La exigencia es clara: el cese total de la intimidación y coacción, y la protección de los derechos democráticos de todos los ciudadanos veracruzanos.
