Lo dicho en un video que circula en redes sociales, por el director de Radiotelevisión de Veracruz, Alejandro Esteban Sosa Benítez, no es un arrebato menor ni un desliz retórico. Es una señal del talante con el que el gobierno de Rocío Nahle parece entender la relación con la prensa: confrontación antes que rendición de cuentas.

Desde una estructura sostenida con presupuesto público, el titular de un medio estatal optó por lanzar acusaciones sin pruebas contra empresarios y cadenas nacionales, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, para descalificar el trabajo informativo de periodistas como Heidi Castellanos, reportera de TV Azteca. El mensaje está claro: quien cuestiona, estorba.

No se trata de defender líneas editoriales ni intereses corporativos. Volvamos a lo elemental: el derecho a preguntar, investigar y publicar sin que desde el poder se active la maquinaria de descrédito debe ser desde la libertad y con respeto. Cuando un funcionario público acusa “montajes” y “chantajes” sin aportar evidencia, el debate se sustituye por la descalificación, por la polarización que buscan los cuatroteros.

Alarma el tono de amenaza velada contra medios como Televisa y TV Azteca, a los que se les augura desaparición. Ese lenguaje no fortalece la discusión pública; la enrarece. Sugiere que la crítica no se responde con argumentos, sino con estigmatización.

Veracruz arrastra una historia delicada en materia de libertad de expresión. En ese contexto, el uso del aparato público para confrontar a periodistas no es un detalle retórico: es un precedente. Un medio estatal no está para fungir como ariete político ni para blindar narrativas oficiales.

La libertad de expresión no es un privilegio concedido por el gobierno en turno. Es un derecho constitucional que incluye, precisamente, la posibilidad de incomodar al poder. Si desde la administración estatal se normaliza el ataque verbal contra medios críticos, el mensaje que se envía es que la discrepancia será tratada como traición.

La democracia no se fractura por una pregunta incómoda; se erosiona cuando el poder pierde la capacidad -o la voluntad- de responderla. La gobernadora Rocío Nahle haría bien en recordar la advertencia de Maquiavelo: “el gobernante prudente debe cuidarse de los aduladores como de la peste”. Cuando el círculo cercano sustituye la crítica por elogio incondicional, la toma de decisiones se empobrece y la realidad se distorsiona. Si esa dinámica se consolida en Veracruz, el costo político será catastrófico.

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