El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) opera actualmente bajo un esquema no sustentable que arroja un déficit anual cercano a los 4 mil millones de pesos, reconoció la gobernadora Rocío Nahle García. Ante este escenario, la administración estatal evalúa opciones financieras para asegurar la viabilidad del organismo sin desproteger a los jubilados.
Durante su declaración, la mandataria explicó que el Gobierno de Veracruz realiza aportaciones extraordinarias permanentes para subsanar la insuficiencia de recursos propios del instituto. Como ejemplo de este esfuerzo fiscal, detalló que desde el sexenio pasado —encabezado por Cuitláhuac García Jiménez— se destinó de manera íntegra un fondo federal de libre disposición exclusivamente para sostener los pagos del sistema de pensiones.
Alternativas bajo análisis y presión sindical
Para revertir la situación, Nahle García instruyó al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández, el diseño de esquemas orientados a lograr la autosuficiencia financiera del organismo. No obstante, enfatizó que cualquier medida priorizará la seguridad de los derechohabientes: “No podemos dejar a los pensionados a la deriva”, subrayó.
Este diagnóstico financiero se da en un contexto de tensión gremial. Alrededor de 62 organizaciones sindicales mantienen inconformidades por la aplicación del salario regulador —método que calcula el monto de retiro con base en el promedio salarial de la última década y no sobre el sueldo final—. De acuerdo con los sindicatos, esta fórmula recorta hasta un 40 por ciento las percepciones de los trabajadores en proceso de retiro, lo que ha llevado a frenar trámites de jubilación, mientras la administración estatal aún no precisa si la reestructuración incluirá ajustes a este modelo de cálculo.
