La exfuncionaria del Poder Judicial del Estado, Joana Marlen Bautista Flores, quien fue sancionada administrativamente por la operación de presuntas empresas fantasmas, buscó ampararse contra la inhabilitación de ocupar puestos públicos durante 10 años.
Ella fue Directora General de Administración, pero tras darse a conocer la situación de las empresas fantasmas, salió del puesto y la actual presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ordenó una auditoría donde se encontraron irregularidades por 50 millones de pesos.
El Consejo de la Judicatura de Veracruz determinó una inhabilitación por 10 años. Pero ella interpuso el amparo 863/2024, donde el juez de distrito denegó la suspensión provisional.
Sin embargo, la exfuncionaria impugnó esa decisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito bajo el argumento de que el procedimiento carece de fundamentación.
Además, sostuvo que la sanción “vulneraba su derecho al trabajo, afectando su capacidad para generar ingresos y su reputación”. Sin embargo, el Tribunal Colegiado respaldó la decisión del juez, puesto que señaló que no se puede otorgar debido al interés social.
El proceso continuará con la acumulación de ambos recursos, debido a que la exfuncionaria sigue solicitándolo.
Cabe señalar que, debido a las irregularidades encontradas, el Poder Judicial presentó una denuncia por la presunta contratación de empresas fantasmas, además la exfuncionaria y su círculo cercano de colaboradores presuntamente hacían compras de artículos personales de lujo que cubrían facturándolos como viáticos.
