Xalapa, Ver. – La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), Leticia Aguilar Jiménez, confirmó que las inhabilitaciones impuestas por los órganos internos de control de cualquier poder público, ayuntamiento u organismo autónomo tienen vigencia en todo el país, por lo que deben ser consideradas por cualquier nivel de gobierno al momento de contratar personal.
En entrevista con la periodista Isabel Ortega, de La Silla Rota Veracruz, Aguilar Jiménez explicó que todos los entes gubernamentales y potenciales empleadores están obligados a verificar los sistemas estatales de personas sancionadas, donde se registran las inhabilitaciones emitidas por los órganos internos de control correspondientes.
Caso Joana Marlen Bautista Flores
Consultada sobre la situación de Joana Marlen Bautista, exadministradora del Poder Judicial de Veracruz, cuyo nombre aparece en la Lista de Servidores Públicos Sancionados por Faltas Graves del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la magistrada fue contundente: la inhabilitación es vigente y aplicable a nivel nacional.
Bautista, quien recientemente se incorporó al Gobierno de la Ciudad de México en una cartera del Sistema de Transporte Colectivo Metro, enfrenta una sanción de 10 años para ejercer función pública. Aunque la exfuncionaria difundió documentos y una demanda de amparo para argumentar que no debía estar en el registro, su nombre continúa en la lista oficial al 6 de diciembre de 2025.
Aguilar Jiménez detalló que los poderes judiciales y demás entes cuentan con su propio órgano interno de control, responsable de alimentar las bases de datos de personas inhabilitadas, no el SEA, que únicamente administra la plataforma.
“Lo que se debe verificar es la plataforma; es pública. Con buscar el nombre se puede corroborar la situación”, afirmó. Asimismo, descartó que una constancia de no inhabilitación emitida por otro poder sea suficiente para sustituir esa verificación.
La magistrada agregó que algunos entes públicos aún presentan rezagos en la actualización de información, lo que ha generado dificultades en la consolidación nacional del registro.
