Xalapa, Ver.- Pese a que una resolución firme del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz la inhabilitó por 10 años desde el 10 de septiembre de 2024, la exdirectora administrativa de ese poder, Joana Marlen Bautista Flores, insiste en presentarse como víctima de una supuesta persecución política y en negar una sanción que los tribunales federales ya ratificaron.
De acuerdo con el expediente 29/2024-II, el Pleno de la Judicatura determinó su inhabilitación por daño patrimonial derivado de la contratación irregular de bienes y servicios durante su gestión como directora de Administración. La sanción fue impuesta el 10 de septiembre de 2024 y continúa registrada hasta hoy en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados.
A pesar de ello, Bautista Flores fue nombrada coordinadora de Compras en el Extranjero del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México, cargo que ocupa desde hace varias semanas, lo que ha generado críticas por su situación jurídica vigente.
En una estrategia mediática, la servidora pública ha intentado desinformar a la opinión pública, alegando que no existe impedimento alguno para reincorporarse a la función pública. Incluso ha buscado vincular su causa con la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, sugiriendo pertenecer a su círculo político o contar con su respaldo, algo que no tiene sustento alguno.
En un comunicado firmado y dirigido “a la opinión pública”, Bautista Flores afirmó que cuenta con “un documento oficial de la Contraloría General del Estado (sic), con fecha de hoy 5 de noviembre de 2025, en el que se hace constar que no me encuentro inhabilitada, como se ha intentado difundir dolosamente”. Agregó que es “víctima de violencia política y, siguiendo el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nahle, no dejaré que se me violente y resguardo mi derecho de proceder en consecuencia”.
Sin embargo, omitió precisar que su sanción fue impuesta por el Poder Judicial de Veracruz, no por la Contraloría General, por lo que las constancias que exhibe —emitidas por la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno— no invalidan la resolución judicial. También ha solicitado al Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz eliminar su registro de la Plataforma Nacional de Personas Sancionadas, argumentando sin fundamento que esos oficios bastan para desaparecer la sanción inscrita.
Por otra parte, periodistas locales denunciaron haber recibido amenazas directas e indirectas de parte de Bautista Flores, con el fin de intimidar y frenar la difusión de información sobre su caso.
Hasta el momento, el ahora Órgano Administrativo Judicial de Veracruz, antes Consejo de la Judicatura, no ha emitido postura alguna, por lo que la sanción se mantiene vigente, impidiendo a Joana Marlen Bautista Flores ocupar cargos públicos hasta 2034.
