Una juez federal suspendió indefinidamente la orden para hacer comparecer por la fuerza a Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero del Gobierno de Javier Duarte, por las investigaciones por desvíos contra dos ex funcionarios estatales.
Rosa Montaño Martínez, Juez Décimo Quinto de Amparo Penal en la Ciudad de México, concedió al veracruzano la suspensión definitiva contra la orden de comparecencia para que declare ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El mandato en cuestión fue girado el pasado 22 de agosto por Manuel Díaz Meixueiro, juez de control de Xalapa, para interrogar a Abdalá en las investigaciones contra Fernando Charleston Hernández y Gabriel Deantes Ramos, ex secretarios de Finanzas y de Trabajo en el sexenio de Duarte.
“Procede conceder la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute el acto reclamado, así como para que con motivo de la comparecencia girada en contra del quejoso por la autoridad responsable, no sea presentado por medio de la fuerza pública ni privado de su libertad personal”, resolvió Montaño.
“Lo anterior, hasta que se notifique la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de suspensión”.
El 28 de agosto pasado, al tener conocimiento de la orden de comparecencia, Abdalá presentó un amparo ante Montaño, pero su acuerdo inicial fue no admitir su demanda por improcedente.
Los abogados Eduardo Amerena y Andrea Rovira, representantes del veracruzano, presentaron una queja contra esa decisión y lograron que un tribunal colegiado les concediera la suspensión provisional. Ahora la juez otorgó la definitiva.
Abdalá presuntamente estuvo relacionado con desvíos por 57 mil millones de pesos en el Gobierno de Javier Duarte y por tal motivo se le iniciaron 11 averiguaciones previas y 32 carpetas de investigación y también le fue girada para una orden de aprehensión.
Sin embargo, el 31 de octubre de 2018 consiguió la inmunidad penal en las investigaciones gracias a que logró negociar un criterio de oportunidad con la FGR para colaborar en los juicios contra otros imputados.
Su argumento en el amparo es precisamente esta condición legal, pues alega que pretenden interrogarlo como testigo en la investigación contra Charleston y Deantes, cuando también tiene en lo personal la calidad de imputado en dicho expediente.
Esta situación, asegura, podría dar lugar a que sus dichos puedan ser usados en su contra.
