Lo que ocurre en el delta del río Coatzacoalcos no puede explicarse como simples retrasos administrativos ni como problemas heredados. Hoy es, sin matices, un caso de incompetencia gubernamental y omisión deliberada del actual gobierno de Veracruz. Bajo la responsabilidad directa de la gobernadora Rocío Nahle, de su Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, los basureros irregulares del sur del estado continúan operando con absoluta impunidad, mientras la contaminación avanza y la autoridad sigue pateando el bote desde la comodidad de la hamaca tropical quincenal.
Como se recordará, días antes de concluir su encargo al frente de la SEMARNAT, María Luisa Albores anunció el cierre “inminente” del basurero de Las Matas. A la fecha, el tiradero sigue activo. No fue un error de cálculo ni un imprevisto técnico: fue una mentira política avalada públicamente en un acto realizado el 27 de septiembre de 2024 en Minatitlán, donde Albores, el entonces gobernador Cuitláhuac García y la gobernadora electa Rocío Nahle montaron un evento propagandístico para simular avances inexistentes. El espectáculo y la simulación morenista en su máxima expresión.
Se aseguró entonces que Las Matas tenía los días contados. En los hechos, se concedió un mes adicional para seguir arrojando basura. Hoy queda claro que ese plazo fue sólo un recurso discursivo. Lo más grave es que, lejos de avanzar, se retrocedió: los trabajos técnicos impulsados por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) para ordenar el sitio y preparar su clausura fueron abandonados -cuando no francamente desmantelados- sin que ninguna autoridad estatal asumiera responsabilidad alguna.
La visita de inspección realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) los días 22 y 23 de abril de 2025 exhibe con crudeza el tamaño del desastre y, por extensión, la negligencia sistemática de las autoridades estatales. El basurero incumple de manera flagrante la NOM-083-SEMARNAT-2003: no hay cobertura diaria de residuos, no existen taludes adecuados, no hay sistemas de manejo de lixiviados ni de biogás, los líquidos contaminantes escurren hacia cuerpos de agua con vegetación, prolifera la fauna nociva y se permite la pepena. Todo esto ocurre sin que la Procuraduría Ambiental del estado actúe con la mínima firmeza que la ley le impone.
El cinismo institucional alcanza su punto más alto con la llamada “Utopía floreciendo”, un equipamiento cultural financiado con recursos de Banobras e inaugurado el mismo día del anuncio. Concebido como centro de educación ambiental junto a un basurero que supuestamente sería clausurado en semanas, hoy es un monumento al dispendio y a la improvisación: de difícil acceso, sin transporte público y condenado a convertirse en otro elefante blanco. La “utopía” no floreció; se pudre al lado de la basura.
Ya como gobernadora, Rocío Nahle reiteró su compromiso de apoyar a los municipios en el saneamiento ambiental. Esa promesa no se ha cumplido. No hay nuevos sitios de disposición final, no existe una estrategia estatal creíble y no se observan acciones de fondo. Lo que sí persiste es la contaminación y un silencio cómplice por parte de la Secretaría de Medio Ambiente estatal y de su procuraduría, cuya función parece haberse reducido a administrar la inercia y tolerar el desastre.
Pero el problema no se limita a Las Matas. En la Congregación Allende, donde Coatzacoalcos deposita sus residuos desde hace más de dos décadas, el tiradero continúa operando fuera de la ley. En noviembre pasado, la organización internacional Greenpeace colocó una manta que sintetiza el hartazgo social: “Allende merece un medio ambiente sano”. La respuesta oficial ha sido la de siempre: ninguna.
La población ya no sólo exige clausuras; exige un cambio de modelo. El rechazo a nuevos rellenos sanitarios en Cosoleacaque, Chinameca y Nanchital no es irracional ni caprichoso. Es el resultado de décadas de engaños. Ningún vertedero en la región opera sin contaminar y las autoridades no ofrecen garantías reales. En Cosoleacaque, incluso, la inconformidad estalló por la adquisición de un predio mediante información falsa, otro ejemplo de decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía.
Existen alternativas viables. Los centros de compostaje impulsados desde el Conahcyt demostraron en Xalapa que es posible reducir de forma significativa los residuos que llegan a los rellenos sanitarios. Minatitlán ha dado un primer paso en esa dirección, pero sin respaldo estatal, sin seguimiento técnico y sin una política sostenida de educación ambiental, el riesgo es evidente: que todo vuelva a quedar en promesas huecas.
La gestión de residuos no se resuelve con discursos ni con inauguraciones simbólicas. Es un problema social complejo que exige coordinación interinstitucional, recursos, vigilancia, participación ciudadana y voluntad política. Nada de eso se observa hoy en Veracruz. Lo que sí se observa es un gobierno estatal incapaz de traducir compromisos en resultados y una estructura ambiental que ha optado por la omisión.
Mientras la gobernadora Rocío Nahle, su secretaria de Medio Ambiente y la procuraduría estatal no asuman su responsabilidad y actúen con seriedad, el sur de Veracruz seguirá pagando el precio. La basura no desaparece con declaraciones: se acumula, contamina y exhibe todos los días el fracaso de quienes juraron gobernar.
